A falta de oferta social, las invasiones se disparan en Bogotá

Espacios sin acueductos, energía o viabilidad alguna, continúan siendo aprovechados por las mafias para hacer de las suyas y continuar con estafas masivas a expensas de la necesidad de cientos de familias vulnerables, en una estrategia totalmente articulada y planeada de bandas organizadas o grupos delincuenciales como Los Tierreros

Miércoles 20 de mayo de 2020

Y es que en medio de la cuarentena, la crisis se ha hecho evidente. Los asentamientos, el loteo ilegal de terrenos en espacio público, las ocupaciones crecen de manera acelerada y las protestas y disturbios en los desalojos son cada vez más frecuentes, por cuenta de la falta de oferta institucional contrastada al rápido actuar criminal de estas organizaciones criminales que bajo engaño y aprovechando la necesidad, convencen a diferentes comunidades de víctimas del conflicto, migrantes y familias de escasos recursos sobre una oportunidad de tener un lugar propio sin tener que esperar. Por años estas bandas, se han abierto paso rápidamente y han actuado bajo la mirada de las autoridades que no han logrado desarticular ni atacar de raíz el problema.

Según estudios de la Universidad Central, Bogotá tiene alrededor de cuatro mil hectáreas bajo este contexto de invasión, con localidades como Ciudad Bolívar con un 30%; Usme con  12 % y San Cristóbal con 10 %, como las más afectadas. Y durante pandemia, no ha sido diferente, ahora, la Administración enfrenta un desafío todavía mayor al encontrarse con cientos de personas que además de estar ya asentadas se niegan a abandonar lo que por medio de engaño les fue prometido y por lo que entregaron hasta su último recurso. Tal vez la más antigua, Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar que es considerada la zona de remoción de masas más extensa de Latinoamérica y por tanto de alto riesgo; para el mes de abril en pleno aislamiento, ya albergaba a 350 familias y aún allí permanecen 70 tras el procedimiento de desalojo que ha tenido lugar desde que los vecinos del sector denunciaron de nuevo el loteo con polisombra y la llegada masiva de personas que escucharon la oferta de Los Tierreros.

Las manos criminales también acentuaron la problemática en espacios naturales protegidos y a cargo del Distrito como el Parque Entre Nubes, una de las reservas ecológicas más importantes de Bogotá, que tuvo un intento de invasión durante las últimas semanas en el sector denominado como ‘La Esmeralda-Cuchilla del Gavilán’, donde las autoridades se encontraron un proceso avanzado de tala de árboles y quemas, afectación a cuerpos de agua por vertimiento de residuos y a la cobertura vegetal para el levantamiento de estructuras ilegales sin habitar y con la presencia en los alrededores de decenas de familias a la espera de ocuparlas.

Al no existir una estrategia del gobierno Distrital para atender este tema. Los desalojos, solo han ocasionado más ocupaciones, y que la problemática pase de un lugar a otro: esta vez, a los proyectos de vivienda que están pendientes por entregar; urbanizaciones terminadas y con beneficiarios asignados. Así ocurrió hace un par de semanas en la manzana 54 de Ciudad Bolívar en Altos de La Estancia, un edificio compuesto por 97 unidades habitacionales, que fue invadido durante la madrugada del pasado 30 de abril, por comunidad indígena que llegó desde la localidad de Santa Fe y que escuchó voces de inescrupulosos que les aseguraron que podían apropiarse del proyecto por su situación y quienes tras la ocupación fueron desalojados en medio de disturbios. Sobre este caso en particular, la Caja de Vivienda Popular ha respondido que el proceso está en cierre contractual y pendiente de la instalación eléctrica que no se ha logrado surtir. O, la zona de La Colmena en San Cristóbal, que esta semana fue ocupada por un grupo de cerca de 100 personas que bajo la misma condición, acudieron a esta modalidad para llamar la atención de la Administración y de nuevo bajo acuerdos temporales pudieron ser desalojados.

Ahora, no se justifica la demora en la entrega de estos proyectos, y la respuesta vaga de la Caja de Vivienda Popular al respecto de procesos que se han visto demorados aún más por la emergencia sanitaria, pero no puede seguir siendo un pretexto para que los edificios continúen abandono, en un proceso de deterioro o en riesgo de daño. Hay una afectación doble, la de las familias que han sido engañadas por los Tierreros y que requieren una respuesta institucional y las familias que están aguardando por recibir su vivienda de manera legal y que sin razón alguna por falta de gestión deben seguir esperando. Si bien, se ha negociado temporalmente y con la excusa de la emergencia, se han otorgado auxilios en arriendo y mercado por un par de meses para estas familias, ¿qué va a pasar cuando se surta ese tiempo? A las comunidades engañadas por estas bandas y en situación de vulnerabilidad, hay que darles oferta social efectiva.

Es urgente que se adopten acciones contundentes. Que en el Plan de Desarrollo, se visibilice una meta que pretenda atacar la acción de estas bandas en la ciudad, y que mitigue este tema de raíz, que se fortalezca la acción de la Secretaría de Seguridad en recursos, en operación de inteligencia en articulación con la Policía y la Fiscalía. En enfatizar en la responsabilidad que tiene la Secretaría de Hábitat en surtir los procesos contractuales pendientes para finiquitar los procesos de entrega de vivienda ya designada; y, a la Secretaría de Gobierno en torno a la vigilancia y estrategias de coordinación e inversión social sobre estos terrenos que han sido objeto de ocupación, para que se desarrollen proyectos que beneficien a las comunidades de los alrededores y no se vuelvan a invadir.

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá

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