La realidad de la ciudad es el mejor argumento: el 5,7 por ciento de los delitos de alto impacto durante el 2017 se cometieron utilizando una motocicleta, lo que significó el 75,4 por ciento en un año si consideramos que en el 2016 la participación estaba en el 3,3 por ciento.
Esa sola cifra ya es suficiente para ensayar por tres meses, como lo ha propuesto el alcalde, a restringir el parrillero y evaluar qué ocurre con la seguridad. Pero hay otras cifras que apoyan la decisión de la administración: el 15 por ciento de los hurtos a entidades financieras y el 9 por ciento de los robos a personas se cometen con una moto.
El polígono elegido concentra el 15 por ciento de la población de la ciudad y allí se concentra el 40 por ciento de los delitos de alto impacto en los que el agresor iba en motocicleta, según las estadísticas del 2017.
La Alcaldía tiene el deber de proteger la seguridad de ocho millones de habitantes frente a 47.000 motociclistas que se verán afectados por la medida, más aún con el aumento del uso de este vehículo para cometer delitos el año pasado. En la ciudad hay alrededor de 472.000 motocicletas registradas y solo el 10 por ciento se afectará con la restricción.
No podemos ignorar que el hurto a personas es el delito que más preocupa a los bogotanos, tal como lo señala la última encuesta de la Cámara de Comercio, en la que el 49 por ciento de los encuestados dijo que el delito que más les preocupa es el hurto.
Esta prohibición que operará los siete días de la semana cubrirá sin duda las zonas de mayor concentración de esta modalidad de delinquir identificada por la Secretaría de Seguridad en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño y San Cristóbal.
Atentar contra el derecho de los pasajeros del transporte público y el resto de la ciudad para protestar por esta medida del alcalde, como lo han hecho los motociclistas, es inaceptable. Tienen derecho a la protesta, pero no a traumatizar la movilidad del resto de los ciudadanos.
Ya hay ciudades que han experimentado con esta medida, así que no es un invento de Bogotá, sino una acción responsable para buscar salidas al delito que más está impactando la seguridad ciudadana: el hurto.
Cali, Barranquilla, Cartagena, Neiva y Cúcuta aplican la medida con algunas variaciones. De hecho, en la capital en el 2002 se aplicó la prohibición en todo el Distrito.
En Barranquilla, por ejemplo, la prohibición del parrillero rige en el norte de la ciudad. Se comenzó con algunos horarios y ahora será las 24 horas. En Cali solo rige para el parrillero hombre.
En Cúcuta hace dos años se estableció la prohibición para controlar no solo los atracos, sino el homicidio. El 50 por ciento de las 7.000 personas asesinadas entre 1997 y 2014 en esa ciudad fueron ultimadas desde una moto.
Lucía Bastidas
Concejal
