Balance de la atención y reparación a las victimas del conflicto armado

Para empezar, cabe mencionar que la LEY 1448 DE 2011 (junio 10) “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, conocida también como Ley de Víctimas, estableció que tanto el Estado como cada ente territorial deben diseñar un plan de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas. En este proceso se debe hacer el diagnóstico del riesgo de victimización y las rutas de respuesta de atención inmediata (según el hecho victimizante), así como las necesidades y medidas de aislamiento, en caso de ser necesarias.

Miércoles 10 de abril de 2019

En la Capital de la República, la atención a las victimas está reglamentada por el ACUERDO 491 DE 2012  “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 370 de 2009, se crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en Bogotá, D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se dictan otras disposiciones”, en el cual se establece que la Administración Distrital deberá crear un Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas, implementada por el Decreto 462 de 2011, "Por el cual se ordena la implementación del Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, y se dictan otras disposiciones." El artículo 8 del Decreto 462 de 2011, establece que la reparación integral comprende los derechos a la verdad y a la justicia, así como las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Contexto de las víctimas en Bogotá

Según el observatorio distrital de víctimas, para el primero (1) de enero de 2019 en Bogotá residían 347.294 victimas del conflicto armado, representando el 4.0% de las 8,8 millones de victimas que existen en todo el territorio nacional.  Del total de victimas presentes en la ciudad, 744.172 han realizado sus declaraciones en Bogotá equivalente al 8.5% del total de víctimas en el país, lo anterior sugiere que, por cada 1.000 declarantes de algún hecho, 84 lo han realizado en la capital, siendo el desplazamiento forzado la principal razón. Las víctimas que llegan a Bogotá y Cundinamarca provienen de regiones como el Pacífico, Urabá y el Catatumbo, regiones con fuerte presencia de grupos armados organizados y donde actualmente se vive el conflicto.[1]

Las cifras oficiales indican que el 28.76% (14.103) corresponde a población menor de 18 años, seguido por el 22,3% entre 18 y 28 años (42.799). Además, el 50,96% (176.997) son mujeres, el 48% (166.716) hombres y el 0.04% (148) son parte de la población LGTBI.

El 59% de las víctimas que viven en Bogotá, residen principalmente en cinco localidades. Ciudad Bolívar (29.130), Bosa (27.388), Kennedy (23.965), Suba (16.644) y Usme (12.198).[2]

Personería de Bogotá: Balance Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá 2019

La ciudad ha invertido hasta ahora, un poco más de 2.5 billones de pesos entre el 2012 y el 2019. En Bogotá, como a nivel nacional, el resultado es muy positivo en el cumplimiento de los derechos relacionados con la asistencia y atención (Subsistencia mínima, alimentación, salud, educación) y regular, mal y muy mal en el goce de los derechos relacionados con la reparación integral (vivienda, ingresos, educación, atención psicosocial, indemnización por vía administrativa).

Asistencia y Atención: IGED Subsistencia Mínima, Alimentación, Salud y Educación

  • •Subsistencia Mínima (AHI): 92%
  • •Cobertura Salud: 70%
  • •Acceso a salud: 87%
  • •Alimentación: 48%
  • •Asistencia Escolar: 99,8%
  • •Alimentación Escolar: 100%
  • •Transporte Escolar: 10%

Eje de Reparación Integral: Derechos a Indemnización Administrativa, Vivienda, Atención Psicosocial, Educación, Ingreso

  • •Indemnización por vía administrativa D.F.: 6%
  • •Indemnización por vía administrativa H.D.: 5%
  • •Indemnización por vía administrativa H.I.: 22%
  • •Atención psicosocial: 2,5%
  • •Vivienda digna: 23%
  • •Generación de ingresos. Superación línea de pobreza: 35%
  • •Educación enfoque étnico: 32%
  • •Acompañamiento pedagógico colegios con víctimas del conflicto armado: 63%

Para finalizar, podemos hacer las siguientes reflexiones:

•Si bien es cierto que desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la Guerrilla de las FARC disminuyó notablemente el número de desplazados y de victimas de la violencia, también es cierto que la violencia en el 2018 se intensificó, según reportó la organización Consejo Noruego para Refugiados (NRC) quien señaló que  a lo largo de 2018 más de 145.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en 2018, por lo cual no se debe bajar la guardia frente a la atención de esta población.

•Si bien existen políticas y rutas de atención, estas han resultado en ocasiones insuficientes para atender el número de desplazados que llegan a la ciudad. Jorge Gallego, profesor de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, argumentó que hay un problema de enfoque de los incentivos, pues a mayor número de asistencias más atrayente será venir a Bogotá y más compleja se vuelve la problemática.
•Es claro que la problemática no tiene que ver únicamente con las precarias condiciones de vida a las que se enfrenta la población desplazada. Esto tiene que ver también con otras problemáticas que se derivan como la trata de personas, el trabajo infantil, la desnutrición crónica de menores y adultos mayores, entre otros.

•Es urgente visibilizar los mecanismos de ayuda para que más personas reciban atención.


[2] (*) Corte a 1 de enero de 2019. Fuente: Observatorio Distrital de Víctimas.

 

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