Las actuaciones sancionatarias de la Personería Distrital, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación frente a la crisis de las basuras y la operación del nuevo esquema de aseo ratifican las denuncias del caos administrativo del gobierno de Enrique Peñalosa que vengo denunciando; sorprende el silencio de la Contraloría y la mayoría de Concejales.
Los entes de Control deben seguir investigando a la UAESP por la violación a los principios de planeación, de eficacia y de economía que pueden estar vulnerados con la entrada en vigencia de los nuevos operadores de aseo en las áreas de servicio exclusivo en la ciudad. Por otra parte, la UAESP debe responder por el detrimento patrimonial que tendrán las finanzas de la ciudad al dejar de percibir las utilidades de la operación de la empresa Aguas de Bogotá.
Por otra parte, he solicitado a la Ministra de Trabajo que intervenga frente a la masacre de más de 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá, víctimas de esta administración que les negó el derecho al trabajo y los colocó en una evidente vulneración frente a sus acuerdos colectivos.
