Carta abierta Nueva posible ilegalidad del Secretario Distrital de Movilidad

LA DIRECTIVA No. 001 DEL 31 DE ENERO DE 2019 INCURRE EN POSIBLES VICIOS DE ILEGALIDAD

Lunes 11 de febrero de 2019

 

Inconformidad y rechazo, como así lo he manifestado, es lo que me ha causado algunas decisiones del Secretario Distrital de Movilidad, alrededor de las normas distritales (Decreto 456 y 568 de 2017, Resolución 220 de 2017), que pretendía implementar y que se encuentran sin piso jurídico, habida cuenta de la suerte indefectible de la declaratoria de nulidad de la Resolución 2163 de 2016 del Ministerio de Transporte, sobre la que se soportan; pero, con esta última actuación: “Directiva No. 001 del 31 de enero de 2019”, no sólo me genera rechazo, sino mucha preocupación y suspicacia, al pretender a toda costa, inclusive sin importarle, las consecuencias jurídicas en las que podría estar inmerso, al pretender revivir las disposiciones contenidas en las referidas normas distritales, bajo el título de Directiva.

¿Cómo es posible, que el Secretario Distrital de Movilidad, pase por encima, desconozca totalmente, el concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio al Ministerio de Transporte, (Máxima autoridad que vela por la protección de la libre competencia y de los derechos de los consumidores, del cumplimiento de aspectos de metrología legal y reglamentos técnicos), frente a las mencionadas normas distritales?

Cómo puede exigir el Secretario de movilidad en la mencionada Directiva No. 01 de 2019, de manera obligatoria el uso del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), contemplado en la Resolución 220 de 2017, cuando en el concepto de la SIC, antes referido, de fecha 17 de octubre de 2017, bajo el radicado No. 18-229656-1-0, expresa en uno de sus apartes: “..3.1.1. Las normas distritales se concentran en definir las características de las plataformas y no en los objetivos de política pública que debe perseguir el servicio público de transporte…se corre el riesgo de incentivar la ilegalidad, por un lado, y por el otro, se propician incentivos para prestar servicios en condiciones que, por sus características procuran escapar de la excesiva carga regulatoria…”[1]

Otro aspecto que contempla la Directiva No.01 de 2019 de la Secretaria Distrital de Movilidad, es la de ofrecer aparentemente de manera voluntaria la implementación de las plataformas tecnológicas para liquidación de la tarifa por el servicio de transporte público individual nivel básico – taxi -, sin tener en cuenta que la SIC, en el concepto que nos ocupa, manifestó que el único dispositivo idóneo para ello, es el TAXIMETRO ELECTRONICO, por arrojar una tarifa justa, segura y verificable:

“Un aspecto a evaluar tiene que ver con la confiabilidad que la plataforma tiene para calcular la tarifa. Esta apreciación es pertinente, pues, al tratarse de una exigencia e intervención del Distrito en la economía, este debe procurar adoptar el mecanismo más fidedigno.

Por lo tanto, esta consideración se basa en que para los taxímetros existe un Reglamento Técnico Metrológico adoptado en Colombia mediante la Resolución 88918 de 2017 y basado en una recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), mientras que, a la fecha, no existe reglamento técnico metrológico para el cálculo de tarifas de transporte proveído mediante plataformas que usen GPS, no solo en Colombia, sino en ningún país del mundo.” [2]

Y termina en este aspecto el concepto de la SIC, resaltando que a la hora de justificar la elección de plataformas tecnológicas por encima de los taxímetros para el cálculo de tarifas, estaría en juego la protección de los derechos de los consumidores.

Pero la SIC, va más allá, al determinar que las normas distritales (Decretos 456 y 568 de 2017, Resoluciones 220 de 2017 y 103 de 2018), desdibujan la distinción que entre el nivel básico y el nivel de lujo creó el Decreto 2297 de 2015 y haciendo referencia al cobro por factor de calidad, de entrada manifestó que perjudica a los consumidores: “Además de desdibujar la distinción entre los niveles básico y de lujo (como se dijo en el numeral 3.2.1.de este documento), el cobro por factor de calidad establecido en el Decreto 568 de 2017 perjudica a los consumidores. Esto por cuanto se les permite a los prestadores del Servicio de Taxi, cobrar un adicional de 13.3% si los vehículos cumplen con ciertas características que resultan ser básicas, y por lo tanto, nada extraordinarias para justificar un cobro adicional”[3]

Amplia en su concepto frente a las disposiciones contenidas en la Resolución 220 de 2017, que éstas elevan de forma significativa los costos de la tarifa del servicio de taxi, sin justificación alguna.

En cuanto al artículo 9 de la Resolución 220 de 2017, la SIC expresa que al determinar que la Secretaria Distrital de Movilidad, es la responsable de verificar las plataformas y para ello establece en el artículo 10 un procedimiento, dá lugar a que se adicione un procedimiento al establecido en el Decreto Nacional 2297 de 2015 (vicio de ilegalidad).

Por lo anterior, nuevamente hago un llamado al Señor Secretario Distrital de Movilidad, para que se replantee esta Directiva y se evite un daño antijurídico a la ciudad.

 



[1] Concepto de la SIC, de fecha 17 de octubre de 2018, página 12.

[2] ibídem

[3] Concepto de la SIC, de fecha 17 de octubre de 2018, página 20.

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