Cerca de $100.000 millones de recursos públicos orientados a la alimentación escolar de niños, niñas y jóvenes de la ciudad están en juego.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Concejal Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) y su equipo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró comportamientos restrictivos de la competencia por parte de unos grupos de proveedores del PAE que datan al menos del 2007. En el PAE, entre el 25 de septiembre de 2018 y el 30 de junio de 2020, al menos 48.6% del valor por suministro de alimentos, es decir unos 153.970 millones de pesos, le han correspondido a empresarios sancionados, investigados o sus familiares.
- 1. Proalimentos Liber S.A.S., cuyo representante legal es Jairo Humberto Rojas, empresa que recientemente apareció en prensa nacional por la entrada irregular de celulares a la Cárcel de mujeres el Buen Pastor y la Cárcel de Cómbita, es el mayor proveedor del PAE y tuvo entre septiembre de 2018 y junio de 2020 órdenes de compra por $31.385 millones, la SIC le formuló pliego de cargos y abrió investigación por cartelización en la resolución 46587 de 2018 compulsando copias a la Fiscalía por el delito previsto en el artículo 410A del código Penal.
- 2. Juan Carlos Almansa Latorre y su grupo, que se ha presentado tradicionalmente bajo la figura de la Unión Temporal “AAA Alimentando Bogotá” que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por $30.405 Millones. Se encuentra sancionado por la SIC por el caso del cartel de las raciones militares (Resolución 42543 de 2020) y tiene investigación abierta por el caso PAE (Resolución 46587 de 2018); por este último también le compulsaron copias a la Fiscalía.
- 3. El consorcio “Nutriservi Panadería” perteneciente al grupo Villalobos, del que hiciera parte en su momento la empresa Mauros Food SA, consorcio que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por $24.594 Millones, Este grupo, al igual que Almansa, está sancionado por el caso de las raciones militares e investigado por el caso PAE.
- 4. El grupo “Aerodelicias” bajo el control de Gustavo Enrique Donado que según la SIC estaría compuesto por SERVICIAL S.A.S., ACOSTA RIVERA S.A. y ALIMENTOS PIPPO S.A. y al que, según pudimos constatar, también pertenece la empresa TRIGUS SAS, que entre septiembre de 2018 y junio de 2020, a través de distintas empresas, tuvo órdenes de compra por $23.068 millones. Varias de las empresas de este grupo hacen parte de los investigados por el caso PAE a las que la SIC formuló pliego de cargos y abrió investigación por cartelización en la resolución 46587 de 2018 compulsando copias a la Fiscalía.
- 5. El grupo Castelblanco, bajo la figura de la Unión Temporal Frutinutrimos, entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por $15.863 millones. Este grupo opera bajo el liderazgo de Héctor Hugo Castelblanco Castelblanco, quien se vio envuelto en el caso por cartelización de frutas y hortalizas en el PAE de Bogotá, por el cual la SIC sancionó el señor Néstor Alejandro Castelblanco García, hijo de Héctor Hugo en la resolución 71584 de 2019.
- 6. Diseral SAS representada legalmente por Javier Ignacio Pulido Solano, e integrante de la Unión temporal “Nutrijes”, que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por $15.838 millones; Diseral SAS es una de las empresas investigadas por el caso PAE a las que la SIC formuló pliego de cargos en la resolución 46587 de 2018 y compulsó copias a la fiscalía.
- 7. Industria de Alimentos Daza S.A.S. empresa bajo el control de Hugo Nelson Daza, que tuvo una orden de compra realizada en el año 2019 por $6.653 Millones, empresa sancionada por la SIC en el caso de frutas y hortalizas del PAE Bogotá 71584 de 2019.
- 8. Productora y Distribuidora de Productos Lácteos y Comestibles S.A.S. - PROLAC SAS empresa que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por $6.160 Millones y fue sancionada por el caso de las raciones militares, Resolución 42543 de 2020.
La gran mayoría de ellos resultaron ganadores en la nueva licitación del PAE y han quedado habilitados para continuar sus negocios con la alimentación de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, de los proveedores mencionados en detalle anteriormente sólo se quedaron por fuera Alimentos Daza que no se presentó a la licitación y PROLAC que no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones.
El concejal Rodríguez Sastoque seguirá haciendo control político a los recursos públicos, especialmente los que tienen que ver con las grandes compras de alimentos. En los próximos días serán revelada información adicional muy grave sobre irregularidades en la provisión de alimentos no solo a colegios públicos del país, sino a otras entidades incluso de orden nacional a través de compras públicas.
Consulte la resolución 71584 dando click aquí
Consulte la resolución 42543 dando click aquí
Consulte la resolución 46587 dando click aquí
