Cinco factores enredan apuestas de Petro por la equidad

A estas alturas bien vale hacerse dos preguntas: ¿Ha sido bueno para Bogotá el gobierno de Gustavo Petro? Y, ¿qué posición deben adoptar los Progresistas frente al gobierno? Las respuestas no son simples, no es cuestión de escoger entre blanco o negro.

Recientemente, el alcalde Petro presentó varios proyectos de acuerdo muy convenientes para la ciudad pero el Concejo, en una moñona deliberada, se los rechazó todos en primer debate. Eran proyectos para construir equidad tributaria, crear la empresa metro, mantener los colegios en concesión y ponerle control fiscal a la Contraloría Distrital, como lo ordena la ley. Los Progresistas los apoyaron, con la excepción de los colegios en concesión, en lo que se dividieron. Las iniciativas muestran que el alcalde mantiene sintonías con el interés público.

 

Hay por lo menos seis planos en que el alcalde ha intentado concretar, con desigual éxito, el compromiso por una sociedad más equitativa y menos excluyente que comparte con Progresistas: más recursos y componentes en los programas sociales (aumento del 50% en el presupuesto de educación, por ejemplo; programas para víctimas, recicladores y otras minorías). Subsidios al agua y al transporte ($400.000 millones al año). Reequilibrio de mega contratos en favor de la ciudad y control a los oligopolios de los servicios públicos. Modelo territorial que no expulse a los pobres a lejanas periferias. Equidad vial ($2.0 billones para troncales, arterias y cables aéreos hacia las zonas de menores ingresos). Progresividad tributaria (como la del acuerdo que fracasó). Petro ha sido persistente en identificar temas en los que se juega la construcción de equidad y en enfocarlos con este propósito.

 

Pero a pesar de estas buenas apuestas, el gobierno de Petro se ha enredado por cinco factores. En primer lugar, por decisiones desacertadas de gran envergadura. Por ejemplo, la entrega de las basuras de Bogotá a una empresa pública que no estaba preparada para manejarlas –error gerencial, no jurídico, porque había una orden de la Corte Constitucional–; las prórrogas desequilibradas de mega contratos, como los de las fases I y II de Transmilenio, a las que se vio forzada la administración porque no preparó a tiempo las nuevas licitaciones; la expedición del POT por decreto, privándolo de soporte jurídico y político; la peatonalización de la 7ª, que ha acelerado el deterioro del centro, y la centralización del mantenimiento de la malla vial local en la Secretaría de Gobierno. Y habría que hablar de la extensión de los subsidios a límites que podrían bordear la insostenibilidad fiscal.

 

Segundo factor. La falta de acción contundente frente a problemas estratégicos que pueden llevar la ciudad al colapso. Uno de ellos es la crisis en ciernes de las finanzas de varias de las empresas del SITP. Otro es el agotamiento de la capacidad del Relleno Doña Juana, que se producirá en el próximo gobierno si no se hace algo desde ahora.

 

Tercer factor. El descuido de aspectos de la marcha de la ciudad que pueden no sonar estructurales pero están en el centro de la responsabilidad de los alcaldes, porque son definitivos para la calidad de la vida colectiva: el buen fluir del tráfico vehicular y peatonal, la urbanidad en el espacio público, la limpieza de las calles, el control de los malos olores y del ruido… Hay que hacer énfasis en la inclusión de los más desfavorecidos pero sin descuidar el derecho de todos los habitantes a vivir en una ciudad amable.

 

Cuarto. La inacción ante el debilitamiento, que viene de atrás, de muchas entidades distritales, el desmantelamiento de sus equipos técnicos y la pérdida de calidad de sus servicios –como Transmilenio, Territorios Saludables (el programa que lleva equipos médicos a los barrios) y las actividades de policía de las Alcaldías Locales, para poner unos ejemplos–. El caso de Basura Cero (rutas selectivas de recolección de residuos sólidos, reciclaje) es un poco diferente: simplemente no acaba de arrancar.

 

El quinto factor, que atraviesa los demás, la mala selección del personal directivo. Mientras las cabezas de los gobiernos y las grandes empresas se toman cada vez en serio los procesos de selección de ese personal, Petro se caracteriza por escogerlo precipitada y erráticamente. Entregó entidades sociales de presupuestos multimillonarios a personas cuyo mérito era la lealtad política personal, no la idoneidad administrativa –aunque algunos, de chiripa, resultaron tener talla gerencial–. Y para seleccionar a los gerentes de las empresas distritales se basó en consultas a un pequeño círculo de hombres de negocios cercanos, con resultados que dejan mucho que desear. Lo más grave es que algunos de los miembros de ese círculo han metido las narices en la contratación, y al alcalde le ha faltado determinación para ponerlos en su sitio.

 

No puedo hablar más que en mi propio nombre, pero creo que en el agrupamiento que acompañó a Petro en su ruptura con el Polo y en la creación de Progresistas participaron personas, entre las que me cuento, que pueden ser calificadas de socialdemócratas de izquierda, más que de petristas propias tropas. A ellas les gusta la audacia del petrismo, su ánimo de hacer rupturas y cambiar las cosas en pro de la equidad. Sin embargo, quieren que los cambios se hagan con sujeción a la ley, incluso si implican luchar por reformarla, desaprueban la fórmula de estatizar buena parte de la actividad productiva, respaldan el fortalecimiento de las estructuras y los procesos administrativos, desean pertenecer a partidos organizados que no dependan de los caprichos de los caudillos, por lo que han apoyado la fusión en los Verdes, y se salen de la ropa con todo lo que huela a corrupción y a boliburguesía.

 

Esas personas opinan, así mismo, que la legitimidad de los gobiernos no se juega sólo en el atractivo de sus programas sino en su eficiencia en la prestación de los servicios públicos y sociales. Son de izquierda, pero de un talante distinto al del bolivarismo. ¿Qué camino les queda frente a Bogotá Humana? Apoyar lo que merece ser apoyado, como el compromiso con la equidad y las iniciativas normativas que convienen a la ciudad. Y mantener el ojo avizor ante los problemas y los errores, para ejercer una crítica responsable que ayude a superarlos, hasta donde les hagan caso y hasta donde sea posible.

 

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