De acuerdo con Ramírez, esta solicitud se sustenta en la Ley 902 de 2004, que modificó el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, determinando que “las revisiones (del POT) estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana”.
Para el Concejal de la Familia, si bien la Constitución y la Ley confieren al Alcalde la facultad de presentar y/o retirar proyectos de acuerdo, como el POT, radicado ante la Secretaría General del Concejo, la solicitud de retirarlo y ajustarlo se justifica “toda vez que el Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta técnica que decidirá el futuro de la ciudad, es decir, de millones de personas; y del sistema ecológico que sustenta el hábitat del Distrito Capital, y por ende, debe prevalecer la aplicación del principio del interés general sobre el particular”.
Finalmente, el Concejal Ramírez Antonio recordó en su misiva al burgomaestre que “la misma Ley 902 de 2004 señala que la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial debe surtirse en el inicio de un nuevo periodo constitucional de la administración municipal, en este caso del Distrito Capital, sin embargo, esta administración radicó este Proyecto de Acuerdo a escasos 4 meses de la finalización de su mandato constitucional, sustrayéndose de la exigencia de la norma, pues su periodo de alcalde comenzó en el año 2016”.
MARCO FIDEL RAMÍREZ
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