El concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris solicitó a la Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, investigar al alcalde Enrique Peñalosa y a la Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Astrid Álvarez por un presunto detrimento patrimonial en la venta del 20% de las acciones de la empresa al haber fijado un precio de las acciones menor al valor real del mercado.
La solicitud del concejal progresista surge de la advertencia hecha por el economista Mauricio Cabrera Galvis, en su columna del periódico económico Portafolio, titulada Feriar el patrimonio público el 15 de julio de 2018 en la que establece que en la venta de las acciones no se tuvieron en cuenta las enormes perspectivas de valorización de la empresa lo que constituiría en un posible detrimento patrimonial generando pérdidas al patrimonio de la ciudad por alrededor de 435 mil millones de pesos.
Además, el columnista denunció que, pese a que la ley 226 de 1995 establece dos etapas para cualquier privatización, una para trabajadores y sector solidario, y otra para otros inversionistas, la administración distrital mantuvo el mismo precio de la acción en las dos, ni siquiera hizo el aumento de la inflación entre las etapas.
El concejal Hollman Morris recordó que desde que fue presentado el proyecto de acuerdo para la enajenación de las acciones advirtió que la supuesta democratización no era más que un slogan pues la empresa ya era de todos los bogotanos y vender parte de sus acciones era entregarla a manos de privados.
Tal y como lo advirtió el concejal progresista, el 19 de abril de 2017, en su ponencia negativa al proyecto de acuerdo de la administración distrital para la enajenación del 20 % de las acciones de la EEB “la venta de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá resulta un mal negocio para la ciudad que va en contra de la moralidad pública, pues se cambia una empresa rentable para construir troncales de Transmilenio, es decir se cambia un activo por un pasivo.” Aseguró Morris.
El concejal Morris extendió la solicitud de la investigación al Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.
