Las casas refugio son escenarios de protección de derechos de mujeres víctima, en dichos lugares se brinda acogida, protección y atención integral por un término de 3 meses prorrogables por otros 3 más a mujeres que hayan demostrado estar en inminente riesgo y vulnerabilidad. Estas casas serian administradas y operadas por terceros para lo cual se está adelantando proceso de contratación.
De acuerdo a lo expresado por el Cabildante, el proceso contractual que se adjudicaría el próximo 6 de Abril, presenta aspectos inquietantes, por lo que pide especial atención.
El primero de ellos tiene que ver con la constante adición del plazo para su adjudicación, pues en el último mes se han emitido cerca de 4 adendas que alteran el cronograma del proceso.
Adicionalmente, los requisitos que se exigen en términos de experiencia para participar en el proceso de contratación son muy generales, según el Cabildante una cadena hotelera puede resultar adjudicataria aun sin demostrar experiencia en atención a violencias contra la mujer.
“Las casa refugio no se pueden convertir en hoteles, lo que se debe es exigir experiencia en acoger y acompañar mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, lo que conlleva brindar un acompañamiento integral, tanto a ellas como a sus hijos, pues generalmente las mujeres víctimas llegan acompañadas de sus hijos”. Expresó Rubén Torrado.
A este proceso se han prestado cerca de 18 organizaciones que según la secretaria de la Mujer son posibles beneficiarios y se encuentran habilitados, en su mayoría son fundaciones lo llamativo es que muchas de ellas tienen un amplio objeto social que van desde el suministro de cristalería hasta asesorías en impuestos , la mayoría se dedican a temas de capacitación, también se presentaron empresas de asesoría y consultoría especializadas únicamente en temas de salud pública o con experiencia únicamente en el tratamiento de violencia racial. Según Rubén Torrado ninguna organización de las habilitadas cumpliría con toda la idoneidad el objeto contractual.
Torrado culmino su denuncia manifestado que con el proceso de contratación se amenaza el alcance de la política pública de protección a mujeres violentadas, pues se exige que la ubicación del inmueble donde se presten los diferentes servicios sea en Chapinero, Barrios Unidos o Teusaquillo localidades del centro de Bogotá alejadas de la periferia de la ciudad, que es en donde más hechos violentos se presentan hacia la mujer.
“Centralizar esta medida de protección la aleja de comunidades más rezagadas, la obligación del Distrito es acercarse a la ciudadanía, no que la ciudadanía tenga que estar persiguiendo al Distrito para que la proteja”.
