La acción de nulidad instaurada por el Concejal de la Familia, se fundamenta en que la cartera de Salud está usurpando funciones, al regular un tema que debe ser tramitado mediante una ley ordinaria en el Congreso de la República y no por un acto administrativo de carácter general, pues infringe el Articulo 49 de la Constitución Política.
Para el concejal Ramírez, “aunque el decreto tiene presunción de legalidad, está beneficiando al capital nacional e internacional que tiene en la marihuana medicinal un nuevo espacio de desarrollo económico, lo cual presionó, en su momento, al Gobierno Nacional a reglamentar un tema que tiene reserva de ley”.
Finalmente, el cabildante destacó el acierto del Consejo de Estado al admitir la acción constitucional para que precise la facultad que tienen los órganos administrativos de expedir normativa que solo le compete al poder legislativo
Concejal de Bogotá