A principios de este mes, Hinestrosa envió una carta al Registrador para que informara públicamente la fecha para llevar a cabo la convocatoria a las urnas para revocar a Petro, dado que existe cumplimiento legal de todos los requisitos, y así lo manifestó el propio Registrador en diciembre del 2013.
Por su parte la Registraduría respondió negando la solicitud del Concejal, argumentando que hay incertidumbre jurídica sobre la estabilidad de Gustavo Petro en el cargo de Alcalde y de otro lado, las implicaciones presupuestales ciudadanas, teniendo en cuenta que la revocatoria cuesta 35 mil millones de pesos, que es apenas el 0.2 por ciento del presupuesto de Bogotá.
“Las razones presentadas por la Registraduría carecen de fundamento. En primer lugar, el proceso jurídico del Consejo de Estado que ha mantenido a Petro en la Alcaldía es diferente al acto administrativo y democrático de la revocatoria. Son dos procesos independientes”, explica Hinestrosa y además agrega que “los recursos de la revocatoria ya están aprobados por el Ministerio de Hacienda y apropiados para este concepto, luego, es más costoso mantener un mal gerente que incurrir en un gasto para sacarlo”.
El Concejal Hinestrosa expresó al procurador Alejandro Ordóñez su preocupación sobre la violación de los derechos de los bogotanos que firmaron para este ejercicio democrático, contemplado en la Constitución y las leyes de participación.