El Concejal Julián Rodríguez Sastoque denunció el pasado 19 de noviembre que empresarios sancionados o investigados por conductas relacionadas a cartelización empresarial recibieron la adjudicación para el manejo de cerca de la mitad del PAE en Bogotá. La denuncia fue ampliamente replicada en medios de comunicación lo cual generó que varios concejales trataran de desestimar la denuncia o desviar la atención diciendo que se trataba de un cuestionamiento a la Secretaría de Educación.
Ante esa información errónea y malintencionada que se ha difundido sobre la investigación, el concejal Rodríguez Sastoque insiste en que su trabajo se enmarca en la responsabilidad que tiene de hacer control político a los recursos de la ciudad y alertar sobre hechos que posteriormente puedan terminar en manejos inadecuados de dichos recursos. La función del control político no se debe limitar solo a denunciar hechos de corrupción o ilegalidades ya ocurridos, sino también a realizar vigilancia de forma preventiva.
Por lo anterior, el concejal expone soportes de la denuncia sobre contratación del PAE en Bogotá que demuestran el rigor con el que se realizó la investigación:
1. El 24 de septiembre de 2020, por medio de la resolución 174 se adjudicó a 42 proponentes el Programa de Alimentación Escolar de Bogotá. Un proceso que definía la alimentación de más de 700 mil niños, niñas y adolescentes.
2. En este proceso de licitación No. CCE-973-IAD-2019, a cargo de Colombia Compra Eficiente, de las 2.993 adjudicaciones de segmento, al menos 1.428 corresponden a proveedores sancionados o investigados por la SIC, dicha adjudicación se consolidó en el contrato CCE-231-IAD-2020 publicado en SECOPII.
3. Incluso, muchos de estos proponentes también estaban en contrato del PAE Bogotá 2018-2020, a quienes la SIC les abrió pliego de cargos y algunos tienen sanciones como se evidencia en el Informe de Supervisión del contrato el 26 de octubre de 2020 que se encuentra en el SECOP II.
4. Como se mostrará en detalle, varios proveedores se encuentran investigados o sancionados por la SIC en virtud de las Resoluciones 46587 de 2018, 71584 de 2019 y 42543 de 2020.
• •Proalimentos Liber S.A.S., el mayor proveedor del PAE cuyo representante legal es Jairo Humberto Rojas, empresa que recientemente apareció en prensa nacional por la entrada irregular de celulares a la Cárcel de mujeres el Buen Pastor y la Cárcel de Cómbita, tuvo entre septiembre de 2018 y junio de 2020 órdenes de compra del PAE por más de $31.000 millones, la SIC le formuló pliego de cargos y abrió investigación por cartelización compulsando copias a la Fiscalía.
Respuesta a derecho de petición presentado por el concejal Rodríguez Sastoque.
- •Juan Carlos Almansa Latorre y su grupo, que se ha presentado tradicionalmente bajo la figura de la Unión Temporal “TRIPLE A - Alimentando Bogotá” que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por más de $30.000 Millones. Se encuentra sancionado por la SIC por el caso del cartel de las raciones militares y tiene investigación abierta por el caso PAE. También se compulsaron copias a la Fiscalía.
- •El consorcio “Nutriservi Panadería” perteneciente al grupo Villalobos, del que hiciera parte en su momento la empresa Mauros Food SA, consorcio que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por más de $24.000 Millones. El grupo está sancionado por el caso de las raciones militares e investigado por el caso PAE.
- •El grupo “Aerodelicias” al que, según pudimos constatar, también pertenece la empresa TRIGUS SAS, grupo que entre septiembre de 2018 y junio de 2020, a través de distintas empresas, tuvo órdenes de compra por más de $23.000 millones. Varias de las empresas de este grupo hacen parte de los investigados por el caso PAE a las que la SIC formuló pliego de cargos y abrió investigación por cartelización compulsando copias a la Fiscalía.
- •El grupo Castelblanco, bajo la figura de la Unión Temporal Frutinutrimos, entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por más de $15.000 millones. Este grupo opera bajo el liderazgo de Héctor Hugo Castelblanco Castelblanco, quien se vio envuelto en el caso por cartelización de frutas y hortalizas en el PAE de Bogotá, por el cual la SIC sancionó al señor Néstor Alejandro Castelblanco García, hijo de Héctor Hugo.
- •Diseral SAS representada legalmente por Javier Ignacio Pulido Solano, e integrante de la Unión temporal “Nutrijes”, que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por más de $15.000 millones; Diseral SAS es una de las empresas investigadas por el caso PAE a las que la SIC formuló pliego de cargos y compulsó copias a la fiscalía.
- •Industria de Alimentos Daza S.A.S. empresa bajo el control de Hugo Nelson Daza, que tuvo una orden de compra realizada en el año 2019 por más $6.000 Millones, empresa sancionada por la SIC en el caso de frutas y hortalizas del PAE Bogotá.
- •Productora y Distribuidora de Productos Lácteos y Comestibles S.A.S. - PROLAC SAS empresa que entre septiembre de 2018 y junio de 2020 tuvo órdenes de compra por más de $6.000 Millones y fue sancionada por el caso de las raciones militares.
- •Como se dijo en el comunicado inicial "La gran mayoría de ellos resultaron ganadores en la nueva licitación del PAE y han quedado habilitados para continuar sus negocios con la alimentación de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, de los proveedores mencionados en detalle anteriormente sólo se quedaron por fuera Alimentos Daza que no se presentó a la licitación y PROLAC que no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones."
- 5. Esta investigación no es en contra de Colombia Compra eficiente ni de la SED, es en contra de estas empresas que a pesar de haber tenido comportamientos restrictivos de la competencia, en el pasado, pueden seguir participando en los procesos de selección, al no haber un avance significativo en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
- 6. La revista Semana afirma textualmente “ninguno de los oferentes estaba inhabilitado como lo dijo el concejal”, sin embargo, en el comunicado de prensa publicado en la mañana del 19 de noviembre el concejal Rodriguez Sastoque nunca indico que los señalados contratistas se encuentran “inhabilitados”, sino que en cerca de la mitad de la adjudicación de segmentos corresponde a los empresarios investigados o sancionados como ya se demostró anteriormente.
- 7. Además, el “confidencial” de Semana (que lejos está de ser un artículo periodístico) dice “Diferentes expertos le hicieron caer en cuenta al concejal de varias equivocaciones con sus señalamientos.” La revista Semana no relaciona a ningún experto independiente que soporte su afirmación, sino que se queda con lo dicho por la Agencia Colombia Compra Eficiente. Por el contrario, la Secretaria de Educación del Distrito y el exsecretario Oscar Sánchez han resaltado la importancia de la alerta que presenta el concejal Rodríguez Sastoque.
Finalmente es necesario advertir a la opinión pública que es momento de rodear a la Secretaria Edna Bonilla frente a los polémicos empresarios del PAE.
A los mencionados empresarios les debe incomodar aparecer en prensa por cuenta de los hechos que narra el concejal Rodríguez Sastoque, así como las sanciones e investigaciones de la SIC, pero lo que más les debe estar incomodando es la decisión de la Secretaría de Educación del Distrito de entregar bonos a las familias en lugar de hacer órdenes de compra a los proveedores del PAE.
Cómo señala en forma inequívoca la resolución 46587 de 2018 varios de los proveedores salpicados se encuentran asociados en ASOPROVAL, organización “gremial” a través de la cual en su momento orquestaron un boicot jurídico y mediático contra el modelo de contratación por Instrumento de Agregación a La demanda del PAE en Bogotá, dados dichos antecedentes no extrañaría que intentarán acciones similares contra la actual secretaria de educación del Distrito.
El concejal Julián Rodríguez Sastoque reafirma las declaraciones hechas en medios y redes sociales donde ha señalado la importancia de que la Fiscalía agilice sus investigaciones de manera que de comprobarse en un juicio penal los comportamientos narrados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) los proveedores involucrados queden inhabilitados.
