Celebro la gestión de la Contraloría General de la República y la decisión de la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, porque según ellos el operador del relleno Doña Juana no está realizando dicha actividad, debido a que no cuentan con una planta de tratamiento.
El organismo de control advirtió tras una auditoria que el operador no cuenta con licencia de tratamiento, ni tampoco con una planta, por lo tanto la tarifa autorizada en el 2018 va en contra de la normatividad ambiental, porque se otorgó sin que el operador del relleno, tuviera los permisos de vertimiento. El cabildante había expresado con anterioridad este tema, cuando se pronunció respecto a el aumento de la vida útil del relleno, en ese momento expreso que era urgente el tratamiento de lixiviados porque estaba demostrado que el procedimiento llevado a cabo todo este tiempo ha sido deficiente, afectando ríos con sustancias venenosas.
Para la Contraloría, es claro que según la legislación ningún operador puede cobrar por un servicio que no se está prestando, lo correcto sería devolver a los usuarios los dineros por los servicios que no han recibido. El operador solo podrá facturar el costo de Tratamiento de Lixiviados, una vez cuente con el permiso de vertimientos que le otorgue la autoridad ambiental. Jorge Durán, manifiesta que hay que ser competente a la hora de recaudar dinero, y ser diligente a la hora de llevar acciones que beneficien a las comunidades aledañas, porque quienes pagan las consecuencias de estas decisiones son los habitantes de Ciudad Bolívar y Usme.
