El crédito aprobado para el metro elevado solo cubre el 2 % del valor del proyecto, es una cortina de humo de la administración Peñalosa

Viernes 3 de agosto de 2018

Los créditos anunciados por la administración Peñalosa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 190 millones de dólares, es decir, 570 mil millones de pesos con los que pretenden enredar a la opinión pública no alcanzan a ser ni el 2 % del valor estimado del proyecto metro elevado que asciende a los 26.8 billones de pesos. Además, la aprobación de estos recursos no es prueba de la existencia del estudio de factibilidad, requisito mínimo según la ley 1682 de 2013 para la apertura de licitación de una obra de infraestructura y que como reveló el concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, aún dicho estudio está en ejecución y será finalizado en mayo del 2019. No obstante, es importante aclarar que al momento de tramitar recursos por vigencias futuras debía tener estudio de factibilidad y de ingeniería de detalle.

El Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, rechazó las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa en las que asegura que la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es prueba de que el metro elevado tiene todos los estudios y frente a este y otros anuncios que intentan desestimar las graves revelaciones hechas por el concejal progresista.  Morris aseguró “pretenden seguir enredando a la opinión pública diciendo que porque el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones apruebe un crédito de 190 millones de dólares, es decir de 570 mil millones de pesos, que no alcanzan a ser ni el 2% del valor estimado del metro elevado, ya tienen los recursos para abrir la licitación; esto no es cierto, esta suma no significa un avance real del proyecto detenido en la elaboración del estudio de factibilidad. Es más, en un comunicado de prensa publicado en el portal del Banco Mundial aclara estos primeros fondos por 70 millones de dólares que serán destinados a interventorías, estudios técnicos y obras del patio taller.”

El concejal aclaró que la autorización de los créditos no es prueba de que existan los estudios de factibilidad, que como lo denunció recientemente aún están siendo adelantados y serán entregados en mayo del 2019. Es así como recordó la prueba reina de estas denuncias, el otrosí 03 con fecha del 29 de mayo de 2018 que modifica las clausulas del contrato 02 de 2017 entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Consorcio Metro Bog (Systra- Ingetec) cuyo objeto contractual es la elaboración del estudio de factibilidad, prorrogando la cláusula de plazo total por un año más en su ejecución, es decir que será entregado en mayo de 2019.

También mencionó el otrosí 01 con fecha del 29 de septiembre de 2017, del contrato en mención, otrosí que surge por una observación hecha en el mes de agosto de 2017 por la interventoría del proyecto en la que solicita se incluya entre los productos a entregar en el estudio de factibilidad el desarrollo del concepto arquitectónico y la guía de diseño arquitectónico de las estaciones.

La revelación de esta prueba dejó en evidencia que al momento en que se certificó el 12 de septiembre de 2017, por parte de la FDN el supuesto estado de factibilidad del proyecto metro elevado no era posible que el proyecto hubiera alcanzado este estado puesto que no se contaba con el diseño de las estaciones, que es uno de los tres ejes fundamentales para determinar los costos del proyecto metro (estructura, estaciones y operación) ¿Cómo podían conocer el costo final del proyecto si uno de sus tres ejes no tenía estudio?

Es más, el otrosí al contrato del estudio de factibilidad se firmó 17 días después de que la FDN certificara el estado de factibilidad del proyecto (12 de septiembre de 2017), 4 días después de que el gobierno nacional declaró el proyecto de importancia estratégica con el Conpes 3900 de 2017, incluso, 2 días después de que presentó la solicitud de vigencias futuras ordinarias por 7.1 billones de pesos ante el Concejo de Bogotá.

Esta es una prueba más de que la nación adelantó el Conpes 3900/ 17 sin cumplir los requisitos de ley y que el Concejo de Bogotá aprobó vigencias futuras para el proyecto metro elevado, un proyecto de infraestructura que no cumplía los requisitos de la ley 819 de 2003 y 1483 de 2011 pues no contaba con el diseño de las estaciones entre otros, y de acuerdo con el otrosí el estudio de factibilidad estaba en ejecución. Además, hace parte de la cadena de ilícitos e irregularidades en el trámite de financiación del proyecto metro, la firma de un convenio de cofinanciación y la aprobación de un CONFIS de la Nación sin contar con estudio de factibilidad.

Con estos argumentos y pruebas el concejal Hollman Morris insistió que de abrir la licitación el próximo 6 de agosto o en octubre de 2018 la administración Peñalosa violaría la ley 1682 de 2013 que exige estudio de factibilidad.

Así mismo, la denuncia hecha por el concejal Hollman Morris deja en evidencia las irregularidades a las que la administración de Enrique Peñalosa y la FDN indujeron a la Nación y al Concejo de Bogotá al asegurar la existencia del estudio de factibilidad cuando este no ha sido finalizado, tal y como lo prueba el otrosí 03 de mayo de 2018 que prorroga la entrega del estudio hasta mayo de 2019. Situación que llevó a la Nación a aprobar 15 billones de pesos en un Conpes invalido que no cumplió los requisitos exigidos por la ley 310 de 1996 artículo 2; y al Concejo de Bogotá a aprobar vigencias futuras por 7.1 billones de pesos sin contar con los requisitos de las leyes orgánicas de vigencias futuras 819 de 2003 y 1483 de 2011. Y ahora pretenden obtener un nuevo Conpes por valor de 4.5 billones de pesos para las tres troncales de Transmilenio alimentadoras del metro. Esta adición nos lleva a la absurda suma de 26.8 billones de pesos, después de haber desechado los estudios del metro subterráneo, un proyecto con estudios de factibilidad, ingeniería básica avanzada y estructuración financiera en fase 1, con un valor estimado de 14 billones de pesos.

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