El decreto 2691 de 2014 debe anularse, atenta contra el patrimonio natural Colombiano

Luego de participar en la Octava marcha regional por la protección del agua y la vida, que se llevó a cabo el pasado 19 de Marzo en Villavicencio- Meta, convocada por la Mesa Hídrica Del Piedemonte Llanero, el Concejal de Bogotá, Diego García Bejarano de la Alianza Verde, sienta su voz de protesta, respecto a los abusos cometidos por el Gobierno Nacional en la expedición del Decreto 2691 de 2014.

El objeto del proyecto busca regular el procedimiento que deben seguir los municipios y distritos para acordar con el Ministerio de Minas, las áreas objeto de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas y el desarrollo socio cultural de las comunidades, sin embargo, hace falta un seguimiento riguroso a lo establecido para verificar su inviabilidad jurídica y técnica.

 

Menciona que los municipios y distritos, deben solicitar por acuerdo municipal o distrital, la delimitación de áreas de importancia, en un plazo de 90 días a partir de la expedición del Decreto, es decir, habría oportunidad para la presentación hasta el a 23 de Marzo de 2015.

 

Por otra parte, determina que debe ser solicitado por acuerdo municipal o distrital, requisito imposible de cumplir, partiendo de la base que la aprobación de proyectos de acuerdo en los Concejos, solo es posible en las sesiones ordinarias, para lo cual debía haber sido radicado con los respectivos documentos de soporte, que deben ser contratados por el estado, para lo cual debe contemplarse licitaciones y tiempos de ejecución de los estudios.

 

Adicionalmente, es la agencia de minería quien define la suficiencia del estudio ambiental, y deja la decisión de protección en manos de la evaluación económica, plantea tiempos de quince días para resolver o archivar el trámite y además pide opinión al interesado en la explotación minera para ver si le parece o no que deba protegerse el recurso.

 

Estos entre otros hallazgos, son razones más que suficientes para que se anule el mencionado decreto, que vá abiertamente en contravía de la participación ciudadana y el mandado constitucional de proteger los recursos naturales.

Así las cosas, afirma el Concejal Diego García ”Se evidencian las intenciones mineras del gobierno Santos, en continuidad con las políticas de Uribe, en donde al parecer no han tenido la minima discusión al respecto, entre los 8 años de Uribe y los 8 años de Santos, se dará la pérdida de la soberanía ecológica, hídrica y alimentaria, más nefasta en la historia del País”

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