Para el Concejal Liberal Germán García Maya, el Distrito no puede seguirse mostrando ajeno al problema de hacinamiento y tratos indignos en las reclusiones de Bogotá. Así se lo advirtió al gobierno de la alcaldesa Claudia López, tras presentar a consideración del Concejo de la ciudad para su aprobación el proyecto de acuerdo que tiene por objeto generar lineamientos y principios que orienten la formulación de la política pública de tratamiento integral para las personas privada de la libertad preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privacidad de la libertad a cargo del Distrito Capital, con el fin de contribuir a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelera en Bogotá DC.
La iniciativa del Concejal García, está fundamentada en la Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el código Penitenciario y Carcelario, establece en su artículo 17, que es competencia de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, velar por el sostenimiento, la vigilancia y administración de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que implique la privación de la libertad.
Además, dicho artículo establece que los gobernadores y alcaldes, deberán aprobar dentro de los presupuestos departamentales y municipales una partida para financiar los gastos de sus cárceles como: pago de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y demás servicios.
Los lineamientos fueron aprobados hoy en primer debate en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Cabildo Distrital, donde todas las bancadas presentes apoyaron la iniciativa a pesar del concepto negativo de la Administración. El Concejo de Bogotá acompañó la iniciativa tras evidenciar la gravedad de las denuncias hechas por el Concejal García; ahora, deberá ir a la Plenaria para recibir un apoyo total.
La iniciativa “no es popular, pero sí muy necesaria para la ciudad”, así lo señaló Germán García, encontrando eco en esta Corporación. Según cifras de la regional Central del INPEC, los tres establecimientos de reclusión de Bogotá albergan 6.238 personas sindicadas y presentan problemas de hacinamiento iguales o superiores al 60% cada uno. En total, en los tres ERON, cohabitan 16.509 hombres y mujeres entre sindicados y condenados, cuando su capacidad real corresponde a 10.341 personas, lo que lleva consecuentemente a tratos indignos e inhumanos que deben ser atendidos por el conjunto de Instituciones del Distrito Capital.
