El dolor de cabeza de las localidades

Autor: Antonio Sanguino"Bogotá necesita revisar a fondo su modelo de descentralización".

Ese dolor de cabeza no es exclusivo del Alcalde Petro. Muchos coinciden en que es un problema estructural. Que Bogotá necesita revisar a fondo su modelo de descentralización. Que si alguna vez los parlamentarios de la Capital actuaran como “Bancada territorial” y propusieran reformar el Estatuto Orgánico, se debería modificar el papel de los alcaldes locales y la naturaleza de los Fondos de Desarrollo Local. Porque dichos alcaldes en materia de autoridad no pasan de ser inspectores de policía y los fondos han derivado en verdaderas ferias de contratación en las 20 localidades de Bogotá.

 

Eso es lo sustancial del debate que por estos días ha adelantado el Concejo de Bogotá sobre la gestión de las Alcaldías locales. Hay que recordar que la Capital de la República desde la expedición del Decreto/Ley 1421 de 1993 dividió su territorio en 20 localidades y las dotó de su respectiva alcaldía, su Junta Administradora Local y un Fondo de Desarrollo Local como instrumentos para su gestión y gobierno. Además de las competencias legales de Alcaldes y Ediles, el Distrito transfiere a los Fondos Locales recursos, que este año ascienden a cerca de 700 mil millones de pesos, para invertir en proyectos que atiendan necesidades de las comunidades o que fortalezcan líneas de inversión del nivel central de la administración Distrital. Pero al contrario, las irregularidades en materia de contratación son recurrentes desde la creación de los Fondos Locales. Y los rumores sobre cómo se conforman las ternas para designar los alcaldes locales y sus múltiples problemas de gestión son también permanentes.

 

Son muchas las denuncias que por estos días hemos escuchado en materia de contratación local. La Veeduría Distrital ha señalado que durante el 2013 las 20 localidades suscribieron 4.102 contratos por valor de $540.987 millones de pesos con 2.853 entre personas naturales y jurídicas. De ellos, el 72% de los contratos se hicieron mediante contratación directa o convenios ínteradministrativos, sin pasar por la licitación pública, mecanismo más transparente aconsejado por las normas de contratación. Quiere decir que de cada 10 contratos suscritos por los alcaldes locales 7 se realizaron a dedo o de manera directa. A ello se suma la concentración de dicha contratación o las evidencias de entidades privadas multipropósitos que contratan en varias localidades al tiempo millonarios recursos para hacer desde fiestas navideñas hasta obras civiles. Muchas de ellas carecen de músculo financiero, experiencia técnica y hasta de domicilio. Con razón se advierte que los Fondos de Desarrollo Local se han convertido en el kinder de las redes de corrupción de la contratación de la ciudad.

Por los lados de la gestión el panorama tampoco es alagador. Este esquema de desconcentración de recursos y competencias de la Capital se adoptó como replica de la onda descentralizadora que vivió el país y que pretendió dotar al Estado de capacidad de respuesta a las movilizaciones y paros cívicos por demandas sociales y servicios públicos de las décadas del 70 y 80. Pero en Bogotá, las inversiones de los Fondos Locales lejos de financiar estrategias de desarrollo territorial articulados a programas distritales o nacionales, se convirtieron en un festín de contratos dispersos y atomizados para satisfacer la voracidad de ediles o para competir con las entidades del nivel central. Las alcaldías por su parte carecen de personería jurídica propia y de equipos técnicos para acometer labores gerenciales a la altura de los apremios de sus localidades. No ejercen mando sobre las instancias de las secretarías que operan como alcaldías paralelas en su respectivo sector y los Consejos de Gobierno Local en cabeza del alcalde son prácticamente inexistentes. Preocupa que en lo corrido del 2014 el nivel de ejecución de las localidades sólo sea del 21.5% o que haya cero inversión en programas bandera de la actual administración como Basura Cero o Atención en Primera Infancia en 12 localidades, para no hablar de rezagos de años anteriores o de los 168 mil millones de pesos destinados en el 2012 para reparar la malla vial local cuya ejecución lleva apenas un 12%.

 

A todo esto el alcalde Petro responde con una propuesta de “Constituyente” o “Estatuyente” que no es otra cosa que la vieja necesidad de reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá, único camino para cambiar la naturaleza de los Fondos de Desarrollo Local, el rol de los Alcaldes, su mecanismo de elección o ampliar el número de localidades. Y está bien que a propósito de la instalación del nuevo Congreso de la República lo intente. Ojalá entienda que dicha iniciativa requiere de su liderazgo y el del Presidente Santos para movilizar la mayoría de los 18 Representantes a la Cámara por Bogotá y sacarla adelante. Pero mientras tanto se requiere un plan de choque que atienda las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, un mecanismo institucional desde el nivel central para acompañar y vigilar la contratación en los Fondos de Desarrollo Local y jalarle las orejas a los Alcaldes Locales para que aceleren la ejecución de los recursos asignados a su responsabilidad. Peñalosa creó las Unidades Ejecutivas Locales -UEL- , Lucho Garzón y Samuel Moreno las desmontaron progresiva y parcialmente en favor de la descentralización, quizás ahora se requiere un modelo intermedio que puede ser una unidad técnica y jurídica que desde la Secretarías General y de Gobierno proteja la contratación y oriente con mayor celeridad y eficiencia las líneas de inversión local.

 

Este “dolor de cabeza” no se cura con aspirina. Se requiere una cirugía institucional. Pero mientras tanto el analgésico debe ser oportuno y eficaz. Y el Alcalde tiene en sus manos la oportunidad de aplicarlo.

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