Según información recibida de la Secretaría Distrital de Ambiente, se estiman alrededor de 140.000 vertimientos identificados según cifras de la EAAB, de los cuales sólo cerca del 7%, son los vertimientos con contenido de sustancias de interés sanitario, que contienen metales pesados y sustancias que inhiben la autodepuración del agua y afectan de manera directa la eficiencia de las plantas de tratamiento existente, los cuales deberían tener un control estricto. Tan solo del sector curtiembrero se aportan diariamente 2135 m3 contaminados con cromo, sulfuros y materia orgánica.
No obstante, la Secretaría Distrital de Ambiente, informa que del 100% de vertimientos industriales, sólo son monitoreados 170, es decir menos del 2%, que alrededor del 40% de vertimientos no han sido identificados. A lo que se adiciona una creciente identificación de conexiones de aguas residuales a los colectores de las aguas lluvias,
Por otra parte la parsimonia institucional, llama a la ilegalidad, pues los procesos de solicitud de permiso de vertimientos y ocupación de cauce, pueden durar entre 2 y 3 años en obtener respuesta de fondo por parte de la Secretaría, lo que evidencia un soporte jurídico insuficiente.
Aparte de esta penosa situación, la eficiencia administrativa se ve afectada por contratistas, que son alrededor del 90% de funcionarios, con una duración contractual de 2 y 3 meses, es decir que un funcionario mientras recibe y entrega sus funciones, ya ha terminado la vigencia el contrato, afectando finalmente al usuario.
No siendo suficiente esta situación, los procesos sancionatorios, también están en el limbo, pues de las pocas industrias que han sido identificadas como objeto de sanción, durante esta administración, sólo 3 han sido efectivamente sancionadas, sin que eso implique el pago.
En los últimos años, han aumentado los vertimientos, sin embargo, paradójicamente el recaudo de tasa retributiva ha disminuido.
El Concejal Diego García, señala, la inminente necesidad de la mejora inmediata en el control de vertimientos, pues habría un detrimento patrimonial incalculable, del dinero que se invierte en el saneamiento del río Bogotá, sin hacer un manejo integral de la cuenca