El fracaso de la política de recuperación del espacio público y reubicación de los vendedores ambulantes

Recientemente, los habitantes del barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá, reclamaron su derecho a caminar por los andenes. Derecho que no pueden ejercer porque los andenes parecen plazas de mercado, llenas de animales, ropas, zapatos, muñecos, comida, contrabando y todo tipo de productos que ocupan el espacio público e impiden caminar.

De hecho una residente, que vive hace más de 30 años en el barrio, se declaró desesperada por la situación, porque hasta amenazas de muerte ha recibido por decirles a los ambulantes que no vendan en el andén frente a su casa.

Lo increíble del asunto es que El Restrepo es uno de los barrios en los que el espacio público se ha recuperado, incluso con la intervención de autoridades judiciales, pero muchos de los mismos vendedores reubicados han conseguido empleados para ocupar de nuevo las calles u otros nuevos han llegado, ante la mirada impotente de los vecinos.

El de El Restrepo es solo un ejemplo de un hecho contundente: la alcaldía de Bogotá perdió la batalla de la ocupación del espacio público por las ventas ambulantes, y lo peor es que los recursos que ha invertido para sacarlos de las calles y ofrecerles alternativas económicas solo han servido para multiplicar el número de vendedores que ocupan los andenes.

El panorama más desolador está en el centro de la ciudad, en particular en la localidad de Santa Fe, donde está el 20,92 por ciento de los vendedores de toda la ciudad, según cifras del Instituto para la Economía Social (IPES). Allí hay 9.826 vendedores, según las cifras más recientes del instituto.

Si sumamos los 3.331 que hay en la localidad de Los Mártires y los 1.509 de la zona de la Candelaria, la cifra de vendedores en el centro sube a 14.666, es decir el 31,22 por ciento del total, solo con los datos oficiales. Es decir, la tercera parte de todos los vendedores ambulantes de Bogotá está en el centro. Hay otras localidades como Kennedy, donde la administración contabilizó a 4.054 y San Cristóbal con 3.405. En total, IPES registra 46.969 vendedores ambulantes en el Distrito.

Según el conteo más reciente realizado por el IPES, en Bogotá hay 46.969 vendedores ambulantes

Usaquén tiene 598; Chapinero 2.285; Santa Fe 9.826; San Cristóbal 3.405; Usme 1.758; Tunjuelito 1.066; Bosa 1.941; Kennedy 4.054; Fontibón 1.060; Engativá 2.523; Suba 1.494; Barrios Unidos 746; Teusaquillo 1.008; Los Mártires 3.331; Antonio Nariño 1.276; Puente Aranda 2.155; Candelaria 1.509; Rafael Uribe Uribe 1.086; Ciudad Bolívar 2.479; Sumapaz 19, y el IPES habla de un área metropolitana no definida donde hay 3.350 vendedores.

En este punto cabe preguntarse ¿cuál es el impacto en la recuperación del espacio público de que el Instituto para la Economía Social (IPES) haya invertido 46.000 millones de pesos en el 2014, para ofrecer alternativas económicas a los vendedores ambulantes a cambio de abandonar las calles?

Ninguno, por lo que está a la vista en el centro de la ciudad, donde ha estado el énfasis de la administración por su política de revitalización.

Aunque la administración dice que realizó operativos para despejar las calles 22, 23 y 24, entre carreras quinta y séptima, de donde retiró 1.222 vendedores, lo cierto es que con los mismos o con nuevos informales, estas calles se mantienen invadidas. Y ni qué decir de la avenida 19, en los costados norte y sur, entre la avenida Caracas y la carrera tercera. Es imposible para los peatones caminar por estos andenes, invadidos de contrabando y todo tipo de mercancía. Lo mismo pasa en la carrera décima desde la calle sexta hasta la calle 26.

La administración no ha logrado conjugar las alternativas económicas para ayudar a los vendedores con la recuperación del espacio público. Es cierto, como lo dice el IPES, que el año pasado más de 1.640 personas participaron en ferias temporales, pero esta alternativa es apenas un paño de agua tibia.

En el fondo del problema de la ocupación del espacio público están las mafias que trafican con la necesidad de las personas, especialmente desplazados, y negocian el espacio público sin que las autoridades logren siquiera arañarles algo del poder del que hacen gala en las calles de la ciudad. El mismo director ha dicho que un metro de espacio público puede ser arrendado por las mafias en 10 millones de pesos.

Lo cierto es que la Policía ha venido perdiendo la batalla frente a las mafias del espacio público que, incluso, utilizan a la gente a la que le alquilan el espacio, para enfrentarla con la Policía y dificultar así las labores de recuperación de los andenes. Y como no hay consistencia y permanencia en la política de recuperación del espacio público, los esfuerzos que se hacen se pierden.

Ya va siendo hora que las autoridades, encabezadas por el alcalde Mayor le pongan freno a estas mafias para judicializarlas.