Por: Yefer Vega, Concejal de Bogotá
A finales del año pasado, los gobiernos fueron testigos de las masivas marchas sociales que se llevaron en varios lugares del mundo. Aspectos como las pensiones, los bajos salarios y las desigualdades sociales fueron un común denominador. Esta será la antesala que quedará retratada en la historia con la llegada del COVID 19. Las problemáticas sociales y la rebelión de los pueblos, estaba siendo contenida por los gobiernos con infructuosos esfuerzos.
Colombia se sumó a este movimiento masivo, al punto que para el 21 de noviembre del año 2019 el gobierno del presidente Duque estaba cerrando las fronteras de Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú como medida preventiva a las marchas y se ordenó el acuartelamiento en primer grado de las fuerzas militares.
Bogotá, como epicentro de las protestas sociales y reflejo de un país insatisfecho, desarrolló sus protocolos desplegando su fuerza policial y el tan discutido ESMAD. Fueron varios días que la ciudad estuvo a media marcha a cuenta de la indignación, que se venía acumulando en la población, por las medidas del impacto social y económico; los significativos números de pobreza, hambre y vulnerabilidad, además del profundo malestar frente a la corrupción que abriga el país.
Dentro de las medidas de gobierno Nacional estaban la eliminación del Fondo Estatal de Pensiones, reducir el salario de los jóvenes y aumentar la edad de jubilación, estas luego fueron desmentidas. A lo anterior y aun vigente, el asesinato de líderes sociales, indígenas y exguerrilleros, el entredicho proceso de paz y la impopularidad del gobierno nacional y local.
Finalizando marzo, la alcaldesa recién electa, Claudia López, a más de dos meses de su posesión ya estaba enfrentado COVID 19, con un simulacro de aislamiento que animó al gobierno Nacional a decretar el confinamiento obligatorio.
Dos frentes ha tenido que gestionar la alcaldesa: El tema de salud y el social, desde las secretarias respectivas. Luego de dos foros realizados en el Consejo de Bogotá el pasado 28 y 30 de marzo, donde los secretarios expusieron sus acciones frente a la pandemia, quedó al descubierto la fragilidad institucional. En sus exposiciones, dejaron más preguntas que respuestas y de las cuales se infiere, que la administración no termina de estar preparada, ante la dimensión de la contingencia que representa la pandemia y que pudiera avocar a una crisis social aún no dimensionada.
En cuanto a la exposición hecha por Salud, “La conclusión fue unánime: La intervención del sector salud, fue pobre, nada clara, sin mostrar control de la situación y sin querer articular con el concejo y con los expertos en salud pública”, mencioné en uno de mis twitter.
No hay que olvidar que para este momento la contaminación del aire, por las quemas en bosques, sabana, paramos y la vulnerabilidad de la población adulta mayor, donde alrededor de un 20% de ellos viven solos, son una realidad latente en Bogotá.
En este contexto, la mayor preocupación que hoy me asiste desde el Concejo, frente a la lucha para contrarrestar la cadena de propagación y la contención de la pandemia es la toma de muestras, la ubicación de focos de contagio, el déficit que hay en respiradores. Estos aspectos aún no terminan de ser claros para la administración.
En cuanto a las camas, en este momento se cuentan en la ciudad con 967 de ellas en las UCI, de las que solo hay disponibles 193. Para el pico de la pandemia se necesitará cerca de 5 mil quinientas camas y si bien es cierto, se han dispuesto de grandes plataformas para esto como CORFERIAS, queda en duda, si estas serán acompañadas por respiradores.
De la Secretaría de Integración Social, preocupa el habitante de calle, discapacitados y adultos mayores. También cuentan las personas que están por fuera del sisben y de las bases de datos. Si bien, hubo un replanteamiento de las acciones, para solventar los afectados por la pandemia, sobre la base del trabajo que ya se venía haciendo, quedan dudas sobre la cobertura en la atención, el modo de operativizar ayudas para esta población, los canales de comunicación para informar al habitante que no accede a redes u otras vías, y quizás lo mas importante: ¿habrá necesidad de acceder a mayores recursos de los ya asignados en condiciones normales, a estas secretarias?
En principio, el llamado que hago desde el Concejo de Bogotá, es a unir esfuerzos desde todas las alcaldías locales, juntas de acción comunal, veedurías, líderes, entre otros a promover en los comerciantes barriales las ayudas alimenticias y concentrar los esfuerzos en la Alcaldía para hacer una distribución equitativa de los recursos económicos y materiales y velar como atalayas para que la situación no propicie un desborde de los ánimos que genere graves consecuencias.
