Lo anterior hace parte del proceso de "reprimarización" de la economía colombiana que incluye la desindustrialización del país que es causada por la imposición de la política neoliberal y la aprobación de los tratados de "libre comercio" (TLC). Todo en el marco de entregar a los grandes conglomerados extranjeros la explotación de los recursos naturales, de la producción nacional, de los trabajadores y del mercado interno, en detrimento de la soberanía económica y en favor del gran capital transnacional.
El investigador Jorge Enrique Espitia ha demostrado en sus estudios que existen "50 actividades económicas por encima de las mineras que impactan en mayor medida la economía nacional y muy seguramente con menores externalidades negativas que la minería, en lo social y ambiental. En general, las elasticidades de cada uno de los sectores de la minería respecto al resto de actividades de la economía (colombiana) no es muy alta, particularmente en el caso de las generadoras de empleo (...)[1]."
Entonces, si la minería no es un renglón tan importante para la economía nacional... ¿por qué motivos el gobierno nacional está empeñado en el propósito de darle prioridad a este renglón productivo de tipo extractivista? ¿Qué intereses se mueven detrás de ese empeño si la minería no es el gran creador de empleo? Por el contrario, sabemos que este renglón productivo no genera cadenas productivas en las regiones donde se explotan las minas, y en cambio produce grandes impactos ambientales que –a pesar de la existencia de normas legales vigentes– no siempre son controlados o minimizados por la acción del Estado, lo que trae grandes costos por accidentes en vidas humanas y en daños, muchas veces irreversibles, a la naturaleza.
La respuesta es evidente. La elaboración de nuestros planes de desarrollo no se realiza efectivamente en el Departamento Nacional de Planeación. O si se hace allí, se confecciona con las recetas que producen los estrategas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son ellos los que le hicieron creer a muchos gobiernos del mundo y de América Latina que la bonanza de precios de las materias primas (commodities) y la avalancha de inversiones capitalistas hacia los países de la periferia se iba a mantener en el largo plazo y les traería ingresos y progreso indefinidos.
Pero esas previsiones y cantos de sirena se han venido al suelo. Era evidente que como reacción a la crisis económica y financiera del año 2007, los grandes inversionistas iban a financiar proyectos mineros, en especial de oro, como mecanismo para responder a la caída del valor adquisitivo del dólar. Pero esa tendencia se ha agotado. La recesión ahora ha tocado a Europa, a Rusia y a China, los EE.UU. ha logrado recuperarse en forma relativa y coyuntural apoyándose en su política de incrementar el "fracking" para producir petróleo y paliar su crisis energética, la Reserva Federal estudia la posibilidad de incrementar las tasas de interés y la moneda estadunidense se ha revaluado. Así, los inversionistas vuelven a su redil y la bonanza inversionista en proyectos extractivistas y mineros ha retrocedido.
Pero, además de lo coyuntural es importante tener en cuenta las tendencias estructurales que se mueven a nivel global. El analista Luis Jorge Garay nos alerta sobre una serie de fenómenos que están detrás de los procesos de inversión en minería y otros proyectos energéticos de gran dimensión. Dice Garay que "el proceso de globalización neoliberal ha llevado a una 'tensión entre des-territorialización y re-territorialización' en unas fronteras y unos espacios de poder cada vez más porosos bajo Estados con soberanías más relativas y ambiguas". Y afirma: "Surge un mundo consecuente con la reproducción de amplios espacios desgobernados sin que haya un verdadero Estado soberano transnacional que los pueda gobernar y resultante, entre otros factores, del modelo de desregulación y liberalización de los mercados y de la privatización de amplios ámbitos de la actividad que ha caracterizado la etapa actual de globalización: la globalización neoliberal"[2].
Ello significa que está en marcha un verdadero proceso de re-colonización de los territorios y áreas estratégicas ricas en recursos naturales a nivel mundial. En Colombia, a la sombra del conflicto armado y de la lucha contra el narcotráfico, importantes regiones de nuestro país están en proceso de apropiación a manos de poderosas compañías extranjeras y transnacionales aliadas con los grupos económicos hegemónicos en nuestro país, como es el caso de la Altillanura de la Orinoquía y el Chocó Biogeográfico. Hay que salirle al paso a dicho proceso e impedir que dichos planes se concreten en perjuicios de nuestros intereses nacionales de carácter estratégico.
La minería y Bogotá
En el caso del Distrito Capital el mayor impacto de la minería se centra en la explotación de grava, arena y arcilla. Actualmente hay en Bogotá varias zonas donde se hace ese tipo de minería. La zona del Tunjuelo, Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar. El gobierno de la Bogotá Humana, ha priorizado como uno de los ejes del Plan de Desarrollo Distrital, adaptar la ciudad al cambio climático, mediante acciones como la protección de amortiguadores ambientales en la Sabana de Bogotá y acabar gradualmente con la minería en la ciudad para evitar los deslizamientos como el que desapareció el barrio de Villa Jackie en 2009.
Mediante la acción jurídica del Distrito y de otros municipios se logró que la Sección Tercera del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 934 del 2013, pues, en su concepto, vulnera el principio de autonomía territorial. El alto tribunal recordó que los artículos 287, 288, 311 y 313-7 de la Constitución y los artículos 3º, 6º, 8º y 9º de la Ley 388 de 1997 facultan a los municipios para restringir, dentro de su perímetro urbano, los trabajos y obras de exploración y explotación de minas, mediante acuerdos municipales. Por lo tanto, el Decreto 934, al prohibir dicha restricción, se opone abiertamente a lo dispuesto en el Código de Minas.
De esa manera el gobierno distrital ha ido logrando –de una forma paulatina y respetando convenios y concesiones conseguidas con anterioridad y legalmente por empresarios privados– el desmonte de la actividad minera en el territorio capitalino para beneplácito de la población vecina a dichas explotaciones. Aquellas que eran ilegales han sido intervenidas de forma inmediata. De todas formas existe una tensión con constructores y urbanizadores que argumentan que si se limita esa actividad en la Sabana deben traer materiales del Meta o del Huila, y el gobierno nacional, que también ha basado su Plan Nacional de Desarrollo en la construcción de vivienda busca formas legales de ofrecer "garantía jurídica" a quienes tengan permisos, así sea en los cerros.
La puja entre el interés general y el interés particular –que no sólo se presenta en el Distrito sino en todo el territorio nacional, está hoy en día en manos del Ministerio del Ambiente que debe en pocos días hacer conocer la denominada "delimitación de áreas mineras" en todo el país. Estaremos pendientes de dichos desarrollos técnicos y legales.
