Pagan impuestos, tienen el certificado de Cámara de Comercio al día, cumplen con la reglamentación de surtir sus negocios con mercancía legal, y a pesar de ello, son víctimas de la inseguridad, los malos tratos, y por si fuera poco, del abuso de la autoridad.
El panorama describe lo que sucede con los comerciantes de los sectores del Samper Mendoza, Restrepo y San Victorino, acongojados por lo que califican un “ataque a la productividad”, que se suma a la problemática social del desempleo que en Colombia alcanza el 12.5% y el fenómeno migratorio venezolano que ha llegado a ciudades como Bogotá a impactar la economía formal.
La denuncia puntual de los vendedores informales, se relaciona con la falta de presencia de las autoridades en zonas como la Avenida ferrocarril entre carrera 24 y 26; los comerciantes aseguran que “tienen altas cargas tributarias, pagan valorización y se les aplica todo el peso de la ley; pero, por parte de la policía, no reciben la protección, respeto y atención que, como ciudadanos, sujetos de derechos y cumplidores de la ley, tienen”.
Además, se quejan de los operativos que realiza la Secretaría de movilidad, en las zona de cargue y descargue de sus productos. A esto se suman las constantes denuncias en relación con la ubicación de expendios de droga, robos y atracos a sus locales en los sectores donde se ubican sus negocios, sin que la autoridad se inmute, y cuando hacen presencia, es para ejecutar operativos policiacos que agobian a la comunidad (comerciantes y posibles clientes).
“Por esto he solicitado a la Comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad, el número de operativos que están realizando en la zona de Samper Mendoza, Restrepo y San Victorino y si están teniendo en cuenta las actividades comerciales de la zona. No podemos seguir tolerando que a la formalidad se le ataque mientras que a la delincuencia no se le persiga. El policía debe ser amigo de la ciudadanía y aliado del comercio que funciona bajo la legalidad”, concluye el cabildante.d