Una vez mas el alcalde Gustavo Petro lanza un globo buscando titulares de prensa pero totalmente alejado de la realidad y desconociendo la ley. La ALO es una solución de movilidad para la ciudad pero su trazado no está sujeto al capricho del alcalde, desde hace más de tres décadas distintas administraciones fueron preparando el terreno para su construcción. Se expidió la normatividad necesaria y paulatinamente se fueron comprando los predios para llevar a cabo el proyecto.
Argumentar daños ambientales a humedales para justificar un posible cambio de trazado, es desviar la atención y pretender por parte del alcalde imponer su antojo del día una vez mas. En el mundo hay experiencias exitosas de construir vías sin atentar contra el medio ambiente
Adicionalmente hay un problema con los predios de la ALO y es que se vencieron los términos para su uso y como lo ordena la ley, el distrito por retrasar la obra por los caprichos del alcalde los tiene que vender. El artículo 33 de la Ley 9 de 1989 establece que: “Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles.
Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta Ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos es decir venderlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.”
Y ese tiempo se venció y si el Alcalde decide no construir la ALO o variarla en su concepción inicial, entonces los motivos de utilidad pública establecidos inicialmente desaparecen, adicionalmente los predios adquiridos tampoco estaba previsto que terminaran destinados para parqueaderos del SITP, como hoy pasa.
Así las cosas a raíz de las declaraciones del Alcalde de modificar mediante proyecto el trazado de la ALO, los predios comprados y en los que se han invertido mas de 700 mil millones de pesos deben ser enajenados o vendidos sopena de violar el artículo 33 de la Ley 9, entendiendo que los últimos predios se adquirieron en el año 2007.
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