En algunas zonas rurales, la violencia de género causa desplazamiento igual que el conflicto armado

Un informe de Medicina Legal revela que durante los primeros cuatro meses del año, 38.845 mujeres han sufrido algún tipo de agresión, siendo Bogotá la ciudad que reporta más casos con 8.850, que corresponde al 22.78% de esta cifra. Por hora, 3 mujeres en la Capital de la República han sido violentadas durante este periodo. Lo que llama la atención es la violencia sexual, pues en lo corrido de este año se han registrado 1.128 episodios, según este mismo estudio.

El panorama es desalentador, pero la situación en la zona rural de Bogotá es aún más compleja y preocupante. Las víctimas no cuentan con una ruta de atención efectiva para denunciar, al parecer, el sistema judicial no es tan efectivo frente a la denuncia de una mujer campesina de clase baja. 

“Para mí, sigue siendo preocupante la acción del sistema de protección integral en la ruralidad, donde la denuncia no es una alternativa para las mujeres. Por esta razón, es difícil conocer el dato exacto de cuantas mujeres son víctimas de la violencia. Fuentes cercanas a esta oficina revelan que en la Fiscalía General de la Nación, hay más de 50 casos de agresiones que ocurrieron en Sumapaz en el 2017, sin resolverse”, aseguró el Concejal, Germán García Maya, quien además señaló que las cifras podrían aumentar, si las víctimas contaran con los mecanismos efectivos para acceder a la justicia. 

 “Desde hace 10 años, cuando inicié mi proceso por ser agredida, recorro las comisarías de familia, medicina legal, Fiscalía, Bienestar Familiar y casas de refugios de Bogotá, denunciando mi situación para evitar un desenlace trágico. En Sumapaz no están las instituciones a la mano y debemos desplazarnos 4 horas o más, por carretera destapada, hasta la zona urbana, buscando apoyo, pero tenemos un sistema deficiente, que no entiende la gravedad de ser víctima de la violencia de género”, explicó Claudia Torres, una joven de 32 años, golpeada por su ex pareja, quien se vio obligada a dejar su tierra con sus dos hijos para huir de la violencia, que aún la persigue.

La URI más cercana a es la de Tunjuelito, en el barrio Molinos y la Casa de Justicia más próxima es en la localidad de Usme, considerando además que Sumapaz no cuenta con transporte público, lo que significa que la mujer víctima debe esperar a que pase el bus de línea, para llegar a un punto de atención, o pagar más de $200.000 para que un particular la transporte.

Y todavía más grave, en la región no hay conectividad permanente a telefonía móvil ni fija y mucho menos a internet. De las 28 veredas que conforman esta localidad, tan solo 5 cuentan con telefonía, lo que disminuye las posibilidades de denuncia. 

 “La situación en la zona rural es crítica, cuando pensamos que el acceso a la justica es equitativa, encontramos casos que desmienten esta posición. En Sumapaz, cuando los corregidores de los centros poblados de Betania, Nazareth y San Juan necesitan  acompañamiento de la Policía para adelantar una diligencia, deben hacer la solicitud al Comandante de Estación de Usme con un mes de anticipación. Cuando una mujer víctima de la violencia, decide solicitar una medida de protección, nunca se hace efectiva, pues la fiscalía nunca llega y no hay fuerza de policía.”, señaló el Concejal del Partido Liberal.

Cuando una mujer logra denunciar e iniciar un proceso, nadie tiene en cuenta si tiene hijos, si debe llevarlos al colegio, si tiene que ir a trabajar, si tiene dinero para ir a las citaciones o cómo va a regresar; y una vez que llega al juzgado no sabe cuándo va a declarar o quién la va a defender, no cuenta con las garantías para continuar con el proceso.

Vale la pena resaltar algunos estudios, como el realizado por el de la Universidad de la Sabana, donde se evidenció que el 53% de las mujeres campesinas son tratadas con violencia física. “Las mujeres de esta zona soportan las agresiones por diferentes factores: dependencia económica hacia su pareja, pocas oportunidades laborales o temor a denunciar”, señaló la Psicóloga, Juliana Meza Aguirre.

“La Administración Distrital debe considerar todas las particularidades de las mujeres Bogotanas, tanto urbanas como rurales y presentar una oferta institucional al alcance de todas, independiente del acceso a internet o del nivel de alfabetización”, dijo García Maya.

La atención del Estado debe llegar a todos los rincones de Bogotá, inclusive hasta allá donde se mezcla con el Meta o con el Huila. Mañana a partir de las 9:00 a.m el Concejal Germán García Maya, en sesión del Concejo presentará su análisis de esta situación, que busca que las mujeres puedan gozar plenamente de sus derechos para evitar feminicidios.

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