A ello se sumó la suspensión provisional de la subasta de las acciones de esa empresa decretada por la sección cuarta del Consejo de Estado mediante una medida cautelar, lo que ha enervado enormemente a los defensores de la venta.
Es importante destacar que ISAGEN es una empresa mixta de servicios públicos, es una sociedad anónima de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Su principal objeto social es la generación y comercialización de energía eléctrica. Es considerada por los expertos como una de las “joyas de la corona”. El gobierno posee el 57,6% de las acciones. Ha sido eficientemente administrada y genera al Estado importantes ingresos anuales. Es la segunda empresa en generación de energía después de las Empresas Públicas de Medellín EPM.
El argumento principal del gobierno es que necesita los 5,5 billones de la venta que ingresarán al Fondo de Desarrollo Nacional para constituir un respaldo financiero que sirva para “estimular” la inversión privada en la construcción de la infraestructura vial denominada Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia. Es uno de sus ejes del Plan de Desarrollo Nacional recientemente aprobado.
Éste es un programa de infraestructura vial que plantea la construcción y operación en 40 nuevas concesiones de más de 8000 km de carreteras, incluyendo 1370 km de doble calzadas, 159 túneles, con una inversión estimada de $47 billones de pesos (cerca de $24.000 millones de dólares). Su objetivo principal es mejorar la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos de transporte de personas y, en especial, de carga, desde los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación.
El argumento en contra más contundente consiste en que ISAGEN es un activo estratégico de máxima importancia, que al quedar en manos extranjeras coloca en grave riesgo la soberanía nacional en esa materia. El control de esa empresa por parte del Estado garantiza el abastecimiento permanente de energía eléctrica y la regulación de precios al consumidor.
Los tres inversionistas interesados en quedarse con la empresa son: GDF Suez de Francia, Colbún de Chile y Brookfield Asset Management de Canadá.
Algunos expertos afirman que la participación del gobierno en las obras planteadas se puede financiar con la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) o con la titularización de las rentas futuras de la Nación en ISAGEN. Se argumenta que el gobierno está vendiendo la “vaca lechera” por cuanto esta empresa le participa anualmente importantes recursos tanto por la rentabilidad de las acciones como por impuestos.
El año pasado esa empresa logró utilidades por 484.213 millones de pesos. Para este año las utilidades en el primer trimestre disminuyeron en un 27%. El aporte por impuestos en el mismo período fue de 50.900 millones: 30.000 por impuesto de riqueza, 7.000 por sobretasa al CREE y 13.900 por impuestos diferidos (http://bit.ly/1eigYFr). En los últimos 10 años le ha girado al gobierno más de 918.000 millones de pesos.
El gobierno argumenta que “la venta de ISAGEN permitirá hacer estas inversiones en infraestructura sin acudir a más emisiones de deuda para la Nación, generando un menor servicio de deuda y por ende ahorros en intereses de por lo menos $300 mil millones de pesos cada año por los próximos 10 años ($4.5 billones x 6.55% tasa colocación bono a 10 años)”. (http://bit.ly/1HwOXpP).
Además y por otro lado, el analista económico Mauricio Cabrera argumenta que éste no es el momento más oportuno para hacer el negocio. Él piensa, y tiene toda la razón, que la empresa se va a valorizar con los nuevos proyectos hidroeléctricos que entraron en operación recientemente. Así mismo, Ramiro Valencia Cossio, exministro de Minas y Energía, exgerente de EPM, y miembro durante 11 años de la junta directiva de ISAGEN, calcula que la empresa en unos años va multiplicar aún más su valor.
Nuestra posición es que ISAGEN no se debe privatizar por ser un bien público de carácter estratégico y de máxima importancia para el interés general de los colombianos, pero es importante hacer un análisis que sustente alternativas que atiendan la necesidad de construir la infraestructura vial que requiere la población y el desarrollo económico del país.
Lo que podemos constatar es que el gobierno no puede esconder por más tiempo la profunda crisis fiscal que se ha venido acumulando. El déficit está llegando a límites críticos. La desaceleración económica es innegable y la proyección de crecimiento es menor de acuerdo al FMI y al mismo gobierno (3,4% y 4,2% respectivamente). Las exportaciones han caído significativamente por encima del 28%, el desplome de los precios del petróleo ha afectado enormemente la balanza de pagos dado que representan más del 50% de los ingresos por exportaciones, la industria está de capa caída y la percepción de confianza en la economía está a la baja.
Es evidente que el gobierno necesita con desesperación inyectarle recursos a la construcción de infraestructura y estimular la inversión privada en esa área. Es casi una medida de emergencia para intentar solventar o atenuar la crisis. Todo el castillo de naipes que había armado durante el auge del precio en el exterior de los llamados commodities (materias primas) se le ha venido al suelo. De ese tamaño es la situación pero el gobierno oculta hábilmente la gravedad de la crisis a fin de no generar un verdadero pánico económico.
Es indudable que las causas son profundas y tienen que ver con el modelo de re-primarización de la economía y la creencia de que el crecimiento económico se puede fundamentar exclusivamente en la inversión extranjera. Todo apunta a que los precios internacionales del petróleo seguirán a la baja, los EE.UU. irremediablemente subirán sus tasas de interés y por tanto, la inversión extranjera se alejará en un buen porcentaje no sólo de Colombia sino de América Latina y del mundo periférico. Es lo que prevén los analistas más juiciosos.
Colombia tuvo durante toda la década pasada un margen de financiación que no exploró ni aprovechó. Los gobiernos de Ecuador y Bolivia para poder financiar su desarrollo, especialmente la construcción de infraestructura y la inversión social, renegociaron los contratos con las compañías petroleras y además, aplicaron nuevos impuestos para gravar las extraordinarias ganancias ocasionales que las compañías mineras obtuvieron durante toda la etapa de auge en los precios de las materias primas.
Los gobiernos de Uribe y Santos nunca contemplaron esa posibilidad. Hoy esa alternativa ya no es viable, por ahora. El hecho es que las compañías petroleras están reduciendo inversiones y han recortado numerosos puestos de trabajo. Gravarlas en este momento traería más perjuicios que beneficios.
Sin embargo hay que plantear abiertamente la necesidad de reestructurar la deuda pública colombiana (externa e interna). Ella pesa como una espada de Damocles sobre la vida y la economía de los colombianos. Los movimientos sociales y los partidos políticos democráticos debemos proponer la necesidad de organizar una auditoría a la deuda pública. Si no se afronta con decisión y de manera ordenada la resolución del problema de la deuda, las posibilidades de aplicar una política fiscal expansiva son mínimas. Ello es absolutamente necesario frente a la grave situación económica que se está incubando en el país.
Para ello sólo se requiere valor y voluntad política. Sabemos que la dirigencia tradicional es demasiado medrosa y absolutamente disciplinada ante las imposiciones del FMI y del Banco Mundial, pero la sociedad colombiana debe saber que otros gobiernos vecinos lo han hecho y muestran resultados visibles en desarrollo y crecimiento como es el caso de Ecuador.
No estamos en contra de la inversión en infraestructura vial. La necesitamos con urgencia. Pero no estamos de acuerdo con entregar a ISAGEN al capital extranjero cuando tenemos las herramientas para obtener los recursos con qué financiar las obras. Es la hora de mostrar un verdadero interés nacional y de cobrar a nivel internacional el estricto cumplimiento de sus obligaciones financieras que han tenido los gobiernos en el pasado. Además, se necesitan nuevos recursos para financiar el llamado “post-conflicto” y las clases medias y los trabajadores no admiten más sacrificios.
El presidente Juan Manuel Santos, su ministro de Hacienda y el grueso de la clase política tienen la palabra. El movimiento social y los partidos políticos verdaderamente democráticos debemos unir esfuerzos para que medidas de ese tipo se tomen de inmediato. ¡No a la venta de ISAGEN!
