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Miércoles 13 de septiembre de 2017
Entes de control deben poner sus ojos en prorroga irregular de contrato de grúas y patíos de Bogotá.

Entes de control deben poner sus ojos en prorroga irregular de contrato de grúas y patíos de Bogotá.

H.C. Rubén Torrado

El H.C Rubén Darío Torrado durante su intervención en debate de control político al servicio de grúas y patios a cargo de la Secretaria de movilidad, manifestó que existen serias irregularidades en la Prórroga del contrato 075 de 2007 a través del cual se delega la administración y operación del servicio de patios y grúas.

Este  contrato que fue suscrito en la Administración de Luis Eduardo Garzón y  cedido irregularmente en 2013 a  la Unión temporal SEGRUP que se encontraba en ese entonces inhabilitada según informe de la Contraloría de Bogotá,  a pesar de dicha irregularidad que conduciría a la nulidad del contrato, la actual administración decidió prorrogar el mismo hasta el 31 de marzo de 2018  de acuerdo a lo manifestado por el Concejal Torrado.

 

Dicha decisión estuvo en manos de Diana Lucía Vidal, Subsecretaria de Servicios de Movilidad quien a juicio del cabildante no considero las advertencias de la Contraloría e incurrió en una falta disciplinaria.

 

De igual manera se dio a conocer, la existencia de un contrato para la nueva estructuración de la  licitación y operación del servicio de grúas y patios en Bogotá cuya terminación se dio el 10 de Abril de 2017, antes   de que se diera prorroga al contrato 075 con la Unión temporal SEGRUP, pero aun así no ha iniciado el proceso licitatorio para suscribir un nuevo contrato para la operación y administración del servicio de grúas y el negocio sigue en manos de  SEGRUP.  

 

En marco del debate se manifestó que el contrato 075 de 2017 no genera ganancias representativas para el distrito y ha beneficiado durante más de 10 años una actividad privada en la que “pierde el Distrito y pierden los usuarios” dadas las múltiples trabas y los elevados costos de mantener un carro en los patios de la Ciudad, aunado a la falta de gestión administrativa y pésima atención a los usuarios.

 

Comento el concejal que el contratista aprovecha irregularmente  el espacio de patios de la ciudad  para lucrarse a través de un negocio de mota llantas por el que cobra 12.000 por cada llanta instalada y por el que los usuarios se ven obligados a pagar si quieren sacar su vehículo en condiciones óptimas.