Especial El Espectador

La política social implementada por la administración de Enrique Peñalosa y su gestión es desaprobada por los bogotanos impulsando un proceso de revocatoria

  • El concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, acompañó esta iniciativa ciudadana como parte del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, y como líder del Movimiento Progresistas recolectó en las calles más de 60 mil firmas. El Concejal Hollman Morris interpuso una acción de tutela pidiendo la protección del derecho fundamental de los ciudadanos a la revocatoria frente a la amenaza por parte del Consejo Nacional Electoral en su intención de interferir en el desarrollo este mecanismo legítimo de participación ciudadana. En respuesta a la acción jurídica el 27 de julio de 2017 el Consejo de Estado le ordenó al Consejo nacional Electoral abstenerse de realizar actuaciones que excedan su competencia como autoridad electoral. Se evitó así, que el Consejo Nacional Electoral usurpe competencias del Congreso de la República y la Corte Constitucional, y obstaculice el derecho ciudadano.

 

  • El concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, en su ejercicio de control político denunció las irregularidades con las que se tramitaron las vigencias futuras para la financiación del proyecto metro elevado de la administración Peñalosa. es así como el concejal adelantó tres debates de control político en los que evidenció que el metro elevado no cuenta con estudios, denunciando que la administración distrital en 2016 hizo que el concejo de Bogotá aprobara unas vigencias futuras para un metro elevado con estudios de un metro subterráneo y recientemente, el 30 de octubre, el concejo aprobó vigencias futuras irregularmente, sin los estudios, es decir sin cumplir los requisitos de ley. De esta manera el concejal por el movimiento progresistas demostró que el proyecto no cuenta con los estudios de ingeniería necesarios para su aprobación por lo que puede generar sobrecostos altísimos y caer en corrupción como sucedió con Reficar. Interpuso una acción de cumplimiento para el metro subterráneo, y una acción de tutela para la entrega de los estudios del metro elevado. Así mismo, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades en el trámite de vigencias futuras. También solicitó investigación de la procuraduría General de la Nación, la Contraloría general de la República, la Personería distrital, y la contraloría distrital al trámite irregular de vigencias futuras para un proyecto de metro elevado que no cuenta con los estudios que exige la ley. En el año 2018 el concejal progresista continuará evidenciando las ilegalidades del proyecto de infraestructura más importante del país, el metro de Bogotá y emprenderá las acciones jurídicas necesarias para evitar que los recursos de los bogotanos se pierdan en corrupción.

 

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