Estado de la reformulación de la Política Pública Distrital de Discapacidad

Las personas con discapacidad (PCD) son aquellas que tienen alguna limitación o deficiencia a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puede impedir su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Existen siete (7) tipos de discapacidad: física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial (mental) y múltiple[1].

Se sabe por el censo del DANE del 2005 que en el país hay 2’624.898 PCD, es decir el 6.3% de la población total, pero a 2018 sólo se ha identificado al 52%[2].

En Bogotá la cifra tampoco es exacta, pues según el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad-RLCPD en la capital hay 236.238 PCD, mientras que el Ministerio de Salud asegura que son 364.912.

Lo que conocemos de los que han sido oficialmente registrados en Bogotá es que hay más hombres (56.8%) que mujeres (43.2%) y que casi la mitad son personas mayores de 60 años. El 60,1% se encuentra en estrato 0,1 y 2; y alrededor del 40% se concentra en localidades como Kennedy, Bosa, Rafael Uribe y Suba.

¿Por qué es una población de especial atención? Porque, como lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentan incidencia de pobreza más alta, resultados académicos más bajos y una menor participación laboral en comparación con la población general, como consecuencia de las barreras del entorno que no les permiten acceder a servicios básicos y a oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Las personas de más escasos recursos, mujeres y adultos mayores es el sector donde más se evidencia; y los niños más vulnerables tienen un alto riesgo de sufrir alguna discapacidad.

Es prioritario adelantar una caracterización de esta población en el Distrito Capital para reformular e implementar una Política Pública Distrital de Discapacidad (PPDD) idónea y eficiente, que permita focalizar los recursos y dar soluciones a las problemáticas y necesidades de las PCD pero principalmente que garantice sus derechos y el acceso a la salud, educación y trabajo.

Esta problemática la resalta la Contraloría de Bogotá mediante un estudio en el que identificó que no se cuenta con un registro exacto de las PCD, a pesar de las directrices de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y de los compromisos adquiridos por el país a nivel internacional, lo que imposibilita el seguimiento y evaluación del impacto de la misma.

Mediante un convenio entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación (entidad que lidera la política) se evaluó la PPDD y una de las fallas identificadas es que ésta no tiene indicadores ni rubros presupuestales específicos, en pocas palabras la política no cuenta con un instrumento de planeación a largo plazo, razón por la cual posiblemente no se logró hacer una evaluación exitosa de la misma. Además, este proceso se hizo desde la mirada institucional y no con la mirada de la participación de las PCD.

Hago un llamado de atención a la Administración Distrital por el bajo cumplimiento de algunas metas dentro del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos para abordar la discapacidad: sólo se avanzó en un 30% en estos 4 años en la caracterización de las PCD, sus familias y cuidadores(as) que habitan en Bogotá, teniendo serias implicaciones para la evaluación y reformulación de la política. Espero que la administración explique las razones que dieron lugar al atraso tan significativo en esa meta y las demás que están por debajo del 60%.

Por último, recomiendo valorar el proceso de restructuración de la política y ajustarlo con las mejoras correspondientes y pertinentes. Así como articular esfuerzos y programas de los distintos sectores para evitar la discriminación, claro ejemplo es que si una persona mayor recibe un apoyo económico del Distrito, por restricción de simultaneidad se le niega el bono de discapacidad o el acceso a cualquier otro programa.

H.C Armando Gutiérrez González

Partido Liberal