Cabe resaltar que, dichos Centros Educativos han sido exitosos en ciudades como Cali y Medellín, ya que, orientan e incentivan a los jóvenes y los incentivan a participar en proyectos que aportan conocimientos de teatro y música a sus vidas. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, 12 jóvenes crearon la agrupación Orquesta Esencia Pura, fueron seleccionados en 2017 para mostrar su talento en Bogotá, y han participado en el festival de Orquesta de la Feria de Cali, lo cual es un aporte significativo para la cultura del país.
De igual manera en Medellín, en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, hay acompañamiento psicosocial. Cada joven tiene el derecho a seguir estudiando su primaria, su bachillerato e incluso, un programa de educación superior con el programa RUMBOS.
Sin embargo, esta situación no se presenta en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de Bogotá, ya que, se han evidenciado varias irregularidades por parte de las autoridades del lugar, puesto que se maltrata a la población adolescente, generando a los jóvenes reacciones violentas e intentos de fuga del lugar.
Según la Secretaría Distrital de Educación, para la vigencia de 2018 se garantiza la atención educativa formal a 613 jóvenes y adolescentes en 9 centros, los cuales son: EFIR Adolescentes, CREE Jóvenes, Hogar Femenino, Centro de Internamiento Preventivo La Acogida, Centro de Atención Especializada Belén, Centro de Atención Especializada Bosconia, Centro Forjar Ciudad Bolívar, Centro Forjar Rafael Uribe Uribe y Centro Forjar Suba.
No obstante, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se recibieron 990 jóvenes con medidas o sanciones privativas de la libertad en Bogotá D.C, de los cuales sólo 57 jóvenes fueron registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), es decir que, a 936 adolescentes se les está vulnerando el derecho al acceso a la educación, el cual está plasmado en el Decreto 1075 de 2015 (Decreto 2383 de 2015). Debido a lo mencionado anteriormente, el Concejal Hosman Martínez, exige explicaciones a la Secretaría Distrital de Educación, acerca de la Atención Educativa de los 936 estudiantes restantes.
Es importante tener en cuenta que, a la fecha no hay ninguna resolución que reconozca ninguno de los nueve centros, operando en Bogotá, como Sede de Institución Educativa, lo cual genera problemas a nivel administrativo ya que deben contratar a operarios privados. Además, los operadores privados con los que se han realizado las contrataciones en Bogotá, no cumplen con los requisitos legales estipulados en el Decreto 1075 de 2015 (Decreto 2383 de 2015) por los cuales se puede contratar un operario privado, como alternativa final y de excepción.
Martínez Moreno, asegura que Bogotá tiene la capacidad profesional de licenciados y planta docente, por tanto, él se pregunta ¿por qué la Secretaría Distrital de Educación, no les asigna un lugar de trabajo, si se tiene la aptitud de realizar acompañamiento a jóvenes que en verdad lo necesitan?
Así mismo, él exige que la Secretaría Distrital de Educación y demás entidades pertinentes, den a conocer ¿en qué se están invirtiendo los recursos recibidos por tipología de asignaciones del sistema general de participaciones, que para la vigencia 2017 fue de $317.402.703 millones de pesos de asignación regular?
Es fundamental garantizar los derechos a los jóvenes en los Centros de Atención Especializada, además, se espera que se resuelvan las irregularidades de inscripción de jóvenes en el SIMAT. De igual forma, es fundamental que los Centros de Atención Especializada que atienten a jóvenes que han cometido delitos, sean formalizados como Instituciones Educativas.
Finalmente, el H.C Hosman Martínez, propone que se preste el servicio educativo conforme a la ley, ya que no se pueden seguir vulnerando los derechos de los jóvenes. Asimismo, es trascendental que los Centros de Internamiento Preventivo, y Centros de Atención Especializada sean reconocidos como Sede de Institución Educativa.
