Habitante de calle, un problema de todos

Un aumento del 72 por ciento en el presupuesto destinado a la atención integral de los habitantes de la calle es una muestra clara del compromiso del actual gobierno distrital con la rehabilitación de esta población que en el pasado ha sido utilizada con intereses políticos.

Basta con señalar el incremento de los recursos de 80.000 millones a 193.000 millones en el cuatrienio que está marcha para comprobar que, de verdad, esta vez, este fenómeno que impacta a la ciudad sí está entre las prioridades. Son 172.000 millones de pesos de la Secretaría de Integración Social y 31.000 millones de Idiprón.

El gobierno Nacional está en mora de reglamentar la ley 1641 que estableció los lineamientos para formular una política pública nacional sobre habitantes de calle. Han pasado tres años desde que se expidió en julio del 2013 y órdenes como la de realizar una caracterización demográfica de estas personas en el país no se ha cumplido.

Esta reglamentación es fundamental por lo que señala el artículo 11: "La política pública social para habitante de calle y los servicios sociales deberán generar estrategias, mecanismos y acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado para disminuir la tasa de habitabilidad en calle". Es urgente establecer la prohibición de dar limosnas a estas personas cuando hay oferta social para atenderlos.

El compromiso de Bogotá lo demuestran las acciones integrales que este año han permitido atender a 10.316 habitantes de la calle, gracias al trabajo de 200 servidores de contacto activo que durante las 24 horas del día sensibilizan a esta población para que acepte la ayuda para salir de la esclavitud de la droga.

Van cerca de tres mil recorridos durante el 2016 en esta tarea que ha sido difícil por las limitaciones que impuso la Corte Constitucional cuando estableció en un fallo que estas personas no pueden ser obligadas a recibir atención.

De verdad, es un tema de la mayor importancia, que requiere de argumentos en la discusión y de decisiones que marcarán el futuro de las acciones de las entidades del Distrito. Me refiero a la necesidad de que los magistrados de la Corte Constitucional recapaciten para dar un cambio jurisprudencial que permita tratar a quienes viven en la calle aun sin su consentimiento.

Quiero llamar la atención sobre un tema que es fundamental: el fenómeno de los habitantes de calle de Bogotá no es un problema exclusivo de la ciudad: el censo del 2011 demostró que el 40 por ciento de estas personas proviene de otras regiones del país. Así que, la capital no los exporta, los recibe y se impacta con este problema. Para ser justos, Bogotá debería recibir aportes del Gobierno nacional para atenderlos.

Hay estrategias como 'Adopta un puente', 'Cuidadores de la ciudad' y 'Recuperadores Ambientales' que puso en marcha la administración del alcalde Enrique Peñalosa, para generar corresponsabilidad con la ciudad, el entorno, la convivencia y el reconocimiento de estas personas en la sociedad con inclusión social y laboral.

Aplaudo el cambio del modelo asistencialista que se venía aplicando en Bogotá con estas personas, y que solo sirvió para usarlas en el discurso público y mantenerlas en su condición de vulnerabilidad. Requerimos de acciones con mayor corresponsabilidad para ayudar a estos ciudadanos a superar su condición y reintegrarse a la sociedad y a sus familias.

Es positivo que el plan de acción considere la realización de procesos orientados al desarrollo de capacidades de los habitantes de calle, y que este trabajo se desarrolle fortaleciendo los equipos de las entidades en el territorio, donde está ubicada esta población. Su recuperación pasa por los temas de salud, pero también por los de formación e identificación de habilidades en pro de su recuperación, y en muchos casos de identificación plena. Está bien que se involucre a las familias y ofreciéndoles apoyo psicosocial.

En buena hora, como parte de esta atención integral, la Administración Distrital ha decidido priorizar en su red de atención pública los problemas de adicción y salud mental de los habitantes de la calle.

Que exista un hospital de referencia para este trabajo como el Santa Clara, y un servicio ambulante con 10 psiquiatras y 10 psicólogos como el anunciado esta semana por el alcalde Enrique Peñalosa es clave para consolidar un modelo de atención en salud que apunte a lo fundamental: no hay que olvidar que el 90,83 por ciento de las personas que viven en la calle reconocen el consumo de una o varias sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, y que de ellas el 72,91 por ciento tiene consumos problemáticos de bazuco. Son policonsumidores.

Es un hecho, que también reveló el censo del 2011, que muchos de los habitantes de calle que consumen bazuco desarrollaron enfermedades mentales que deben ser tratadas para mejorar su calidad de vida. Ahora, con el trabajo conjunto de hospitales como: La Victoria, San Blas y Santa Clara, estas personas tendrán la posibilidad de acceder a hospitalización en salud mental, con una oferta hospitalaria de 179 camas y 50 cupos del Centro de Atención en Drogadicción.

El trabajo debe ser de todos los ciudadanos en conjunto, porque estas personas llegaron a la calle como consecuencia de problemas estructurales de las familias y la sociedad en la que cada uno ha puesto su parte de indiferencia. Por eso, el camino es la corresponsabilidad.