Uno de los problemas críticos que tiene Bogotá, y al que las autoridades no han sabido darle una solución efectiva, es el de los vendedores informales, así como las deficientes estrategias para mejorar las condiciones en las plazas de mercado. A hoy por ejemplo, no es claro si existe o no un censo de la informalidad, el IPES señala en respuesta al Concejo de Bogotá que esto no es su competencia.
El informe de Caracterización de Vendedores Ambulantes informales en Bogotá que realizó el IPES en 2016, señala que hay 62.4 vendedores informales por cada 10.000 habitantes en la Capital, y que hay 50.038 inscritos en el Registro Individual de Vendedores Informales por localidad-RIVI. Sin embargo, el mismo informe muestra otros datos confusos y contradictorios con lo que han dicho a los medios de comunicación.
“En estas cifras, por ejemplo, hay un dato curioso. En Sumapaz hay registrados 19 vendedores y la verdad, he recorrido varias de las 28 veredas de esa localidad que sólo cuenta con cuatro centros poblados, y no he visto el primer vendedor informal, situación que me genera duda”, señaló el Concejal Liberal Germán García Maya.
De otra parte, las autoridades realizan contantemente operativos para la recuperación del espacio público, pero no existen estrategias claras para que los vendedores ambulantes se formalicen.
Entre las alternativas que ofrecen, se encuentran puestos en plazas de mercado, quioscos y casetas en centros comerciales, entre otras. De estos, en las plazas parecen vivir bajo la ley del más avispado, y todo ante la actitud permisiva del IPES, tal como lo han señalado algunos comerciantes. Al parecer, muchas de las personas que ocupan estos puestos, no pagan administración hace muchos años y la entidad competente ha sido ineficiente en los cobros y en la recuperación de los espacios.
“La administración en una plaza va desde los $30 mil como en la de El Carmen, pasando por los $120 o 300 mil en la Plaza Restrepo, o inclusive $ 400 en el 7 de agosto. Hay personas que tienen deudas de hasta $50 millones que, multiplicado por el número de deudores, es una cifra alarmante que ha dejado de percibir el Distrito”, explicó García Maya.
Los mismos comerciantes señalan que hay ocupación de puestos con actividades no permitidas. “La comercialización de animales vivos está prohibida por el código de policía, sin embargo, hay personas que tradicionalmente se han dedicado a esto; y la respuesta que reciben de las entidades es que les mantienen el puesto, pero no hay recursos para ayudarlos en la transición de cambio de actividad comercial, es decir que estas personas no cuentan con apoyo para cumplir con una actividad legal”, agregó el Concejal.
La situación es aún más crítica, de las 19 plazas distritales, 6 tienen concepto sanitario desfavorable y en otras no se han terminado obras de reforzamiento estructural. De esta manera se pone en riesgo la vida de las personas y aumentan los riesgos en la salud pública.
Las Plazas de mercado y las casetas en centros comerciales parecen ser ofertas desacertadas. En este momento hay 788 alternativas para reubicación en plazas y la demanda de solicitudes es únicamente de 5; lo mismo sucede en los centros comerciales donde hay 182 casetas disponibles y sólo 83 personas interesadas. Aquí se evidencian graves fallas; y puede deducirse que no resultan atractivas para los comerciantes.
Por otra parte, para el 2018 se tienen registrados 21 quioscos disponibles y 661 solicitudes para ocuparlos. Sin embargo, lo que se ve por algunas calles es que hay unos cerrados con candados, mientras hay presencia de vendedores en el espacio público que están permanentemente expuestos a que la policía los levante. Queda la duda sobre las alternativas para las 640 personas que no lograrán acceder a uno de estos puestos.
Es evidente que hay falencias en el trabajo con los vendedores informales y los comerciantes de las plazas de mercado. Se necesita con urgencia tomar medidas que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas, y que contribuyan a que en realidad superen el estado de vulnerabilidad.
