Morris convocó a una rueda de prensa el 9 de febrero de 2015 para denunciar la supuesta presencia de la parapolítica en Bogotá a través del concejal Ramírez por haber obtenido el aval del partido Opción Ciudadana. Morris enfatizó que daba estas declaraciones en su calidad de periodista y esa misma noche el medio público Canal Capital difundió la ‘noticia’ de quien había sido su Director hasta hacía tres meses. Vale recordar también que el ‘denunciante’ para esa fecha aspiraba como precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Progresistas.
En su momento, el cabildante Ramírez le explicó a la Revista Semana sus motivaciones para demandar: “El candidato del señor alcalde Gustavo Petro me calumnió de ser el concejal de la parapolítica, me colocó una lápida en el cuello, arruinó mi reputación, por eso he acudido a la autoridad para que reivindique mi derecho a la honra y buen nombre”, posición que hoy mantiene. En efecto, un día después de la ‘denuncia’ de Morris, la sede del partido Opción Ciudadana sufrió un atentado.
Cuatro años después, el concejal Ramírez insiste en que sí existe un evidente material probatorio que demuestra la utilización del medio de comunicación público del Distrito con la premeditada intención de desprestigiar a un líder político, que a la fecha no tiene ninguna investigación penal por un supuesto vínculo con organizaciones al margen de la ley.
La inferencia que se sustrae de las declaraciones de Morris señalan clara, precisa e inequívocamente al concejal Ramírez de representar políticamente a organizaciones criminales en la capital, afirmaciones que han sido erróneamente interpretadas por el despacho de primera instancia. Igualmente, este desconoce que la ‘denuncia’ fue emitida por una persona que ha ejercido el periodismo y se valió de una rueda de prensa para lograr el eco mediático, cuando en ese momento no ejercía en medios y sí tenía un claro interés político por su propia candidatura.
Para el cabildante Ramírez, los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho otorgan la facultad a los ciudadanos para controvertir los fallos judiciales con el fin de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso.
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