La denuncia realizada por el Concejal de la Familia, el 15 de julio de 2016, señalaba un presunto detrimento patrimonial por marcar varias estaciones con el nombre de empresas privadas y no cobrarles, cuando había otras que sí le estaban pagando a Transmilenio, bajo la modalidad de contratos o alianzas comerciales, como El Tiempo y la Universidad Antonio Nariño. “Durante varios años la empresa abortista Profamilia ha gozado de publicidad gratuita a costa del sistema Transmilenio. Celebro como Concejal Provida que TM cumpla la ley”, afirmó Ramírez.
La cifra que Profamilia habría dejado de pagar al Distrito -y que habría servido, por ejemplo, para mitigar el hueco fiscal por el cual se han incrementado tanto las tarifas a los usuarios- ascendería aproximadamente, a valores de hoy, a unos $6 mil 500 millones, teniendo en cuenta que la hoy estación “Calle 34” llevó el anterior nombre por 18 años, cuando empezó a operar el Sistema de Transporte Masivo.
Una vez el concejal Ramírez prendió las alarmas e involucró a los órganos de control como Contraloría y Personería, el propio Transmilenio instó a las diferentes empresas a suscribir los contratos, pero Profamilia solicitó que se mantuviera el nombre en la estación sin que existiera relación comercial.
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