La atención en salud mental debe ser preventiva para los funcionarios que dedican su labor a la atención de los ciudadanos, especialmente en su protección y en la administración de justicia

H. C. Angela Sofía Garzón Caicedo

Si están sometidos a presión constante es necesario que cuenten con apoyo psicológico”, Angela Garzón.

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"Es inaceptable que un miembro de la fuerza pública haya atentado contra otra persona, cuando se supone que es el encargado de proteger a los ciudadanos", Angela Garzón.

 

Bogotá D.C., 16 de enero de 2017.- "La atención periódica en salud mental para las personas de la fuerza pública cuya labor es salvaguardar los bienes e integridad de los ciudadanos, y para aquellos funcionarios que deben atender temas de justicia, a víctimas de violencia o programas sociales, debería ser obligatoria, con el fin de garantizar su bienestar y una buena colaboración a la ciudadanía que lo requiere", manifestó la Concejal de Bogotá Angela Garzón.

 

Hoy, cuando se conoce el caso de un miembro de la Policía quien, estando fuera de servicio atacó a su ex compañera sentimental causándole la muerte, cabe replantarse la necesidad de apoyar con terapias preventivas a quienes se ven sometidos permanentemente a la presión de atender los problemas de la ciudad, o interactuar como fuerza pública en diferentes lugares.

 

"Si están sometidos a presión constante es necesario que cuenten con apoyo psicológico que, además, pueda advertir que hay cambios de comportamiento que pudieran terminar en actos demenciales como el que hoy enluta a una familia del barrio Venecia, en Bogotá", resaltó la cabildante del Centro Democrático.

 

"Sin embargo, es inexcusable agredir a alguien, y tampoco podemos concluir que el hecho haya sido consecuencia de algún desorden mental, pero sí queremos poner de manifiesto que hay una necesidad en este aspecto para quienes deben atender o proteger directamente a los ciudadanos", aseguró la concejal.

 

En tal sentido, recordó la Concejal que en el proyecto de acuerdo del cual fue ponente sobre reingeniería de las Comisarías de Familia (Acuerdo 662 de 2016, Artículo 8), se incluyó una estrategia de apoyo a los funcionarios que laboran en éstas, para poderles garantizar espacios en los cuales trabajaran sobre su propia salud mental para estar en condiciones óptimas durante la interacción con las personas a las cuales atienden.

 

Es así como aseguró que "es inaceptable que un miembro de la fuerza pública haya atentado contra otra persona, cuando se supone que es el encargado de proteger a los ciudadanos".

 

Actualmente, los miembros de la fuerza pública son remitidos a salud mental solo si tienen problemas laborales o solicitan atención especial, pero las cifras de violencia intrafamiliar – no sólo entre miembros de la fuerza pública - crecen alarmantemente, encontrando que casi el 99% de los casos denunciados se quedan en la impunidad.

 

"Lo que pedimos es que haya protección hacia las mujeres y que se les brinde apoyo en salud mental a los miembros tanto de la fuerza pública como de las distintas entidades que atienden programas sociales, entre otros, con el fin de que actuemos a tiempo en prevención y no tengamos que lamentar hechos como el que reseñamos hoy", concluyó la Concejal Angela Garzón.

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