La demanditis como estrategia para paralizar la ciudad

La avalancha de demandas que buscan tumbar, paralizar o frenar los principales proyectos de la ciudad tiene hoy a la administración distrital enfrentando 48 procesos judiciales entre acciones de cumplimiento, acciones populares y solicitudes de nulidad.

Lunes 9 de julio de 2018

Muchos de estos intentos de sabotaje han sido temerarios y con el único objetivo de poner palos en la rueda, como lo demuestra el hecho de que en la mayoría de los procesos la alcaldía ha salido victoriosa y que se han interpuesto desde el 2016, cuando comenzó el actual Gobierno, y cada vez que se toma una decisión.

La oposición destructiva que se ejerce con este método de demandarlo todo se evidencia en que se demanda una y otra vez, como ha ocurrido con el plan de desarrollo, la primera línea del metro, la reforma de la salud, la venta de las acciones de la ETB y las medidas en favor de la movilidad. Es una ‘demanditis’ que le cuesta plata a la ciudad, porque que destinar recursos para abogados y tiempo para demostrar que han sido injustificadas.

Qué tal el fallo que tumbó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que había ordenado cambiar el nombre del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, porque a la oposición, en una interpretación amañada, le dio por decir que no cobijaba a las mujeres. El Tribunal sentenció que no había pie para una acción de cumplimiento, pero se generó desgaste para atender un proceso que era innecesario.

Están los intentos que se han hecho para hacer fracasar la construcción de la primera línea del metro, un proyecto que ha llegado más lejos que todos los que se han intentado en la historia de los últimos cuarenta años en Bogotá. La oposición ha querido revivir un metro subterráneo que estaba desfinanciado y sin estudios definitivos a punta de fallos y ha fracasado.

Una acción de cumplimiento que solicitaba la construcción de la primera línea del metro subterráneo fue negada y fallada a favor del Distrito.

Otra acción de cumplimiento (05-04-2018) que quiere tumbar el proyecto de Lagos de Torca fue anulada y sigue pendiente de decisión.

La justicia falló a favor de la ciudad una acción popular que buscaba suspender la enajenación de la venta de acciones de la ETB, pero está pendiente de otra que fue fallada en contra de la ciudad en primera instancia y ahora está en apelación.

Con una acción de nulidad pretendieron tumbar las vigencias futuras para la primera línea del metro. Y otra vez, el fallo salió a favor del distrito, y eso demuestra que la justicia comprobó la necedad del intento.

Hay tres acciones judiciales que intentan tumbar la reforma de la salud que tanto ha hecho desde el 20016 para descongestionar los hospitales, de las cuales una ya fue fallada a favor de la ciudad.

No terminaría de enumerar los procesos que desgastan a la justicia y a la ciudad. Son acciones irresponsables han obligado a la ciudad a mantener abogados permanentes, pendientes de esos procesos, que uno a uno se han ido cayendo con sentencias a favor de la ciudad.

Y no olvidemos que la ‘demanditis’ tiene paralizada la enajenación de las acciones de la ETB, porque los demandantes quieren mantener los privilegios históricos de los sindicatos por encima de los intereses de la ciudad que se podría beneficiar con obras financiadas con los recursos de esa empresa.

Cada vez que la administración toma una decisión, de manera directa o con el apoyo del Concejo, la oposición la demanda. Quisieron tumbar la reforma de la salud, y fracasaron; quisieron tumbar el Plan de Desarrollo y también fracasaron. Quisieron tumbar los avances en la primera línea del metro, y también fallaron.

Ya es hora de que dejen gobernar, que entiendan que si no fueron capaces de actuar cuando estaban en el poder, es hora de que permitan que quienes sí tienen capacidad para gobernar lo hagan, en beneficio de la ciudad.

La oposición siempre es bienvenida, pero debe ser constructiva, porque una oposición que intenta paralizar, por el solo hecho de impedir el gobierno, es un mal precedente para la ciudad y un abuso del poder y de las garantías que otorgan la Constitución y la Ley.

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