La diferencia entre control político y trabas

Poner palos en las ruedas a los proyectos que quieren transformar y modernizar la ciudad se ha convertido en un deporte para la oposición y para los grupos de interés que esperan hacer la fuerza suficiente para que los proyectos no avancen.

El descaro mayor es que torpedean los proyectos, y después acusan a la administración de no ejecutarlos, cuando son las artimañas que bloquean, las que no dejan avanzar.

 

Es lo que está ocurriendo de manera directa con las grandes apuestas de movilidad, que buscan sacar a la capital del país de 20 años de atraso en infraestructura y en decisiones claves como la modernización de semáforos, la introducción de tecnologías y aplicaciones móviles en los taxis y la construcción de la primera línea del metro.

 

Son solo tres de los ejemplos donde con tutelas, demandas, verdades a medias y mentiras, se han torpedeado los esfuerzos de la administración para sacar adelante estos procesos claves para los ciudadanos.

 

En el proceso de cambiar los taxímetros por aplicaciones móviles son palpables los intereses que se quieren proteger al entrabar la transformación. Con el modelo que propone la Alcaldía, la secretaría de Movilidad va poder monitorear en tiempo real dónde están los taxis y además va a garantizar que los conductores estén plenamente identificados.

 

Eso es seguridad para las personas que los usan y para las empresas que por fin van a saber dónde y qué se está haciendo con los carros afiliados.

 

Esos controles son los que no les gustan a quienes se oponen a la modernización. Y por esa razón aprovechan un error de procedimiento que cometió el Ministerio de Transporte con la resolución que regula los taxis de lujo para inventar que hay fallas jurídicas, cuando estas no existen.

 

Ya hay empresarios comprometidos con modernizar los taxis que han invertido más de 15.000 millones de pesos, capacitando a sus conductores e invirtiendo en tecnología, y además hay 20 aplicaciones aprobadas y homologadas por el Ministerio del Transporte. El proceso está avanzando, a pesar de las trabas.

 

El otro asunto que se ha querido aprovechar es el de la modernización de los semáforos. Estamos de acuerdo en que se concluyan lo más pronto posible las investigaciones por denuncias de falsedad en documentos que hizo una de las firmas que perdió la licitación.

 

Pero la administración ha demostrado que no está en sus manos aclarar ese asunto, porque no es su competencia concluir si hubo o no falsedad, eso lo hace la Fiscalía. En cambio sí se ha demostrado que la licitación cumplió con todos los requisitos que eran indispensables para adjudicar el contrato de la semaforización, que durante 10 años ha fracasado.

 

Ya hay seis meses de atraso en la ejecución del proyecto y ahora aparece una carta falsa de la Procuraduría dirigida a la secretaría de Movilidad. Y de eso también quieren culpar a la administración, cuando está claro que hay intereses ocultos para frenar la modernización.

 

Necesitamos que la justicia actúe con prontitud y nos diga quiénes fueron los autores de esa falsedad.

 

 

LUCÍA BASTIDAS

CONCEJAL DE BOGOTÁ

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