La pandemia económica: las dos caras de la tragedia del comercio en Bogotá

Negocios cerrados, locales vacíos, desempleo, pérdidas millonarias y ventas sin control en las calles, son la muestra fehaciente de que la emergencia económica se salió del control de la Alcaldía y está ad portas de convertirse en una crisis humanitaria.

Para el 77% de los comerciantes formales, las ventas desde que inició la cuarentena han caído entre un 81% y 100%; un, el 9,4% dice que las ventas han disminuido entre 50% y el 80% y sólo el 4% asegura que han disminuido menos del 15%. En el sector informal, están identificados 39.620 vendedores informales, según la caracterización del IPES. De estos, 20.227 son mujeres, mientras que 19.375 son hombres; y un 14% de ese  total, es decir, 5.645 personas están en vulnerabilidad alta.

Venta informal: En las calles sin controles ni autoridad

Los vendedores ambulantes que ante el incumplimiento del gobierno distrital en auxilios económicos y alimentarios durante el aislamiento, han tenido que volcarse a las calles en una situación de necesidad por tener un ingreso básico para comer. Ese es el caso en la localidad de Kennedy, los alrededores de Corabastos; el 20 de Julio, Santa Librada en Usme y la más grave y que ha llevado más tiempo sin el control de las autoridades, la de la Carrera Séptima en el centro de Bogotá. Cientos de personas en carretas o hasta en el suelo, se ubican en cualquier espacio disponible para vender desde artículos a comida sin las mínimas medidas de salubridad. No solo se exponen ellos, a sus familias o a sus clientes; sino que con las aglomeraciones que genera este tipo de comercio, convierten estas zonas en un potencial foco de contagio en medio de una pandemia que proyecta alcanzar su pico más alto este mes.

Urge la atención de la Administración Distrital y que las estrategias anunciadas para los vendedores informales se pongan en marcha finalmente, que se hagan cumplir las medidas de seguridad sanitaria en un acompañamiento del IPES, Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad que garanticen la logística y supervisión de los espacios destinados para este tipo de comercio. Y por supuesto, poner al día los apoyos financieros y alimentarios.

Comercio formal: Fuertes exigencias y la espera eterna de los permisos para su reactivación

A más de dos meses de iniciada la cuarentena, es insostenible su situación. Ahogados en compromisos económicos que no dan espera; los dueños de locales, pequeñas y medianas empresas, aseguran que no pueden con los impuestos así sea a plazos, no dan abasto con el pago de las nóminas, que han tenido que liquidar a su personal y en algunos casos, ya se preparan para declararse en quiebra  y cerrar definitivamente por las demoras que ha implicado la reactivación gradual en Bogotá. Aunado a esto, las facturas impagables sobre sus establecimientos que sin explicación alguna y a pesar de los reclamos a los operadores de servicios públicos, fueron promediadas en consumo como si su actividad hubiera continuado con normalidad.

Los gremios del comercio formal de Bogotá, le han presentado a la Alcaldía una serie de propuestas para que la reactivación económica se surta lo más pronto posible y reclaman que casi un mes después de cumplir con inscripciones, registros, adecuaciones en materia de bioseguridad (equipos para toma de temperatura, zonas de desinfección, provisión de gel, alcohol, zonas de aseo), y vigilancia para sus establecimientos, aun no tengan la autorización para operar en detrimento de las inversiones adicionales que debieron aún con perdidas y notando con impotencia como las calles se llenan de ventas no autorizadas, frente a los ojos de gobierno de la ciudad.

Iniciativas como las de Fenalco Bogotá de un plan piloto de reactivación gradual de al menos 20 centros comerciales, a través de un Pico y Cédula para el ingreso de los clientes; o las de los comerciantes formales de San Victorino, que se ajustan a horarios escalados para la atención de los clientes para evitar aglomeraciones, guardando todos los protocolos que ordena la resolución 666 del Ministerio de Salud; deben ponerse en práctica sin demora.

Hay un rezago sin explicación frente al compromiso que los comerciantes han tenido en el cumplimiento de las normas. No se puede castigar al comercio formal que ha realizado esfuerzos económicos y técnicos para reactivar sus actividades protegiendo la salud. La coordinación desde las entidades distritales debe procurar organizar el comercio informal que se puede convertir en un foco acelerado de contagios, vale la pena mencionar que la informalidad ha aumentado porque comerciantes formales se han visto obligados a sacar su mercancía y venderlas en las calles como ocurre en San Victorino.

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá

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