Bogotá tiene el reto de enfrentar el COVID-19 evitando que el aumento del desempleo y las dificultades económicas tenga como consecuencia el incremento de las desigualdades sociales y la inseguridad. En la actualidad, la principal política de seguridad es garantizar que todos los residentes puedan satisfacer sus necesidades básicas, evitando el aumento de las brechas sociales.
Los informes recientes del DANE sobre desempleo y pobreza aún no reflejan el impacto del COVID-19 en la ciudad. Sin duda, las mediciones que se realicen, desde el mes marzo y los siguientes, evidenciarán los impactos negativos que viven y vivirán los ciudadanos en materia social. A esto se suma que la informalidad de la ciudad sigue siendo alta; en el último trimestre de 2019 (Oct-Dic) la tasa de informalidad en Bogotá se ubicó en 45,6, que significa que un millón 800 mil personas estaban ocupadas informalmente.
De acuerdo con estas cifras, uno de los grandes retos del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, a través de la política pública, será la reorientación de recursos a sectores tales como Integración Social, Educación y Desarrollo Económico, entre otros. También el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia debe reorganizar sus recursos, teniendo como eje orientador la dimensión social de la seguridad.
La seguridad mientras enfrentamos al COVID-19
La dimensión social de la seguridad exige que desde la administración se adelanten acciones en materia de convivencia, resolviendo los problemas entre ciudadanos antes que escalen a violencias y delitos.
El proceso de cuarentena ha obligado a los ciudadanos a permanecer en sus lugares de vivienda durante más tiempo, transformando también las relaciones vecinales. En esta medida, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia debe emprender acciones para evitar y controlar los problemas de convivencia de carácter vecinal (ruido, basura, mal uso de zonas comunes) que pueden ocurrir en los barrios y conjuntos de propiedad horizontal como consecuencia del confinamiento.
Para estas acciones deben realizarse una articulación con el IDPAC, las entidades de justicia, los Jueces de Paz, las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Convivencia barriales y de conjuntos residenciales con el fin de dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para resolver de forma pacífica los conflictos.
Así mismo, la administración distrital debe fortalecer la Línea 123 y la Línea Púrpura, para atender oportunamente los casos de violencia intrafamiliar y evitar que estos puedan presentarse. La atención psicosocial para toda la ciudadanía en Bogotá es de vital importancia como medida para que las personas cuenten con las herramientas necesarias para controlar sus emociones y resolver los conflictos familiares de forma asertiva.
Dentro de la dimensión de control, la Secretaría de Seguridad debe continuar articulando con la Policía acciones para evitar las aglomeraciones de personas en la ciudad y de esta forma ayudar a evitar la propagación del virus. Así mismo, debe fortalecer su labor, a través de sus funcionarios y los Gestores de Convivencia, para que las demandas de grupos sociales, producto de la situación actual, no desencadenen en problemas de orden público.
La experiencia internacional, de aquellos países en donde el COVID-19 llegó primero, muestra que las medidas de confinamiento han venido acompañadas de hurtos masivos y saqueos. Bogotá debe estructurar una política para enfrentar estos hechos, pero así mismo, para asegurar que en Bogotá todos tengan techo y alimentación.
