Desde la oposición que ejercemos desde el Polo Democrático Alternativo nos hemos caracterizado por presentar nuestras denuncias con las pruebas que evidencia la contundencia de las mismas, y esta no es la excepción.
Se respondió desde el peñalosismo que el cerramiento de los módulos obedece a problemas sanitarios ocasionados por la venta prohibida de comida preparada, y que los vendedores tienen contrato para vender solamente dulces, paquetes, gaseosas y agua, no para comida preparada. Dicha afirmación no es ajustada a las pruebas documentales que tenemos.
En primer lugar, en el acta AS02N031464, mediante la cual la Secretaría de Salud ordenó el cerramiento de 5 módulos, se precisan las razones del cerramiento, en las cuales se evidencian condiciones de infraestructura que requiere cualquier vendedor para ejercer su trabajo dignamente, como son sistemas de ventilación, puntos de agua y lavamanos, entre otras condiciones como se relaciona a continuación:
“Acta AS02N031464: 1. El establecimiento no garantiza hermeticidad alrededor, no tiene superficie pavimentada y facilita la generación de polvo.
2. Se evidencia deficiente limpieza debajo de equipos en área de proceso, el piso no cuenta con sifón, sistema de desagüe, ni pendiente requerida para efectos de drenaje.
3. No cuentan con sistema de ventilación.
4. No cuenta con locker’s, no tienen punto de agua, ni lavamanos, no disponen de puntos de agua potable, ni de tanques de almacenamiento.
5. No disponen de un sistema de sanitarios adecuados para recolección y disposición de aguas residuales.
6. No cuentan con programas de residuos sólidos”
En segundo lugar, el IDRD sabe que allí siempre se han vendido comidas preparadas, precisamente el director técnico del IDRD, Iván González, se refirió a este caso en nota publicada por el diario El Tiempo en los siguientes términos. "Nosotros cuando recibimos el parque, recibimos la herencia de estos vendedores con esos permisos. En su gran mayoría los permisos son de dulcería, empacados, gaseosas, agua. Entonces estas casetas se diseñaron para ese tipo de productos".
En esa declaración confirma que es de absoluto conocimiento del IDRD que allí también se venden comidas preparadas y que además cuentan con los permisos. Ahora bien, denota negligencia por parte de la entidad el unificar el diseño de los módulos teniendo en cuenta solo a los vendedores de dulces y paquetes por ser mayoría, y desconociendo las necesidades de los vendedores de alimentos preparados que cuentan con permiso, como lo evidencia el siguiente oficio.
Ahora bien, para el manejo de empacados también se requiere contar con servicios básicos de salubridad como agua, mínimo.
Ahora bien, con respecto a los valores del contrato es evidente que las cifras no coinciden, en derecho de petición impetrado por los vendedores, el IDRD mediante radicado No. 20196200001671 sostiene que el valor del contrato es de 4´500.000, sin dar mayor explicación de que se trata de un contrato para el mantenimiento de la infraestructura física de varios parques.
Para el caso concreto del Simón Bolívar el valor de los módulos es de $ 2´259.810.000, de conformidad con la respuesta que dio el IDRD, mediante radicado 20196100074631 al derecho de petición que radiqué.
Me sorprende ahora que desde el peñalosismo se afirme que el valor del contrato para los módulos del Parque Simón Bolívar es de $ 2.857.000.000, pues la diferencia asciende a algo más de $500´000.000.
Nos acusan de “utilizar como escudo a vendedores ambulantes para ocultar la información", pero lo que es claro aquí es que los vendedores se sienten vulnerados y por ello buscaron mi asistencia. Están ubicados desde 1997 en el Parque Simón Bolívar, siempre han tenido permiso de vender alimentos preparados, como lo afirmó el director técnico del IDRD, les dicen que les van a dar unos módulos para mejorar sus condiciones y ¡oh sorpresa!, los módulos no cumplen con las especificaciones mínimas, lo que lleva a la Secretaría de Salud a cerrar los módulos construidos por el IDRD.
Por todo lo anterior, reitero mi llamado a los organismos de control para que inicien las investigaciones respectivas por este posible detrimento patrimonial.
