Y cada vez más estamos hundiéndonos en el gobierno de los jueces. Ya no importan más los estudios técnicos ni los diseños; ya no se valora que se cumplan los términos de la ley y que se busque el bienestar de la mayoría como acaba de ocurrir con la medida judicial que paralizó la licitación para construir la primera fase del Parque San Rafael, una deuda de la ciudad con el municipio de la Calera y con los bogotanos.
¿Cuál es el pecado de la Administración en San Rafael? Querer acondicionar 11 kilómetros de senderos que les brinden a los ciudadanos de Bogotá y de Cundinamarca la posibilidad de caminar, hacer recorridos en bicicleta, escalar y contemplar el paisaje.
El proyecto incluye miradores, un muro de escalar, zona de picnic, restaurantes y espacios para recorridos pedagógicos. Se busca, además de brindar la posibilidad de recreación, que los ciudadanos aprendan sobre el ciclo de aprovechamiento sostenible del agua, porque también está previsto contar en el parque con el Muse del Agua y recorridos interpretativos.
Pero la oposición, valiéndose de a falta de conocimientos técnicos de los jueces, quiere proteger los privilegios de unos pocos. Que los recursos no se toquen para que no llegue la mayoría.
Lo mismo se hizo con la carrera 7ª, una licitación que debería estar adjudicada y que también fue paralizada- ¿Por qué? Porque un conjunto residencial que construyó sobre zona de reserva a sabiendas que en algún momento vendrían obras en la séptima, ahora alega unos impactos que ellos mismos buscaron.
Valga aclarar que a pesar de eso, el tramo de la séptima de la calle 85, donde están los reclamantes de Altos de la Cabrera, se diseñó teniendo en cuenta posibles impactos y medidas de mitigación.
Pero el juez, que no conoce los estudios técnicos, actúo con base en una queja temeraria que ahora paraliza una obra que en el norte no quieren, que la oposición no quiere, porque va a beneficiar a la gente de menos recursos que usa el transporte público. Esos que hoy se demoran dos horas en movilizarse y con TransMilenio reducirán sus recorridos a 50 minutos.
Y los opositores juegan a que mientras el Distrito demuestra que tiene razones técnicas y estudios para actuar, los tiempos corran y las obras se paralicen. Bonita manera de servir a la ciudad, trabándola y bloqueándola. Porque no es a Enrique Peñalosa quien afectan, es a los ciudadanos.
Los ciudadanos deben tener claro quiénes le están poniendo palos en la rueda a soluciones críticas de la ciudad y castigarlos con el voto. No merecen ser servidores públicos.
Lucia Bastidas
Concejal de Bogotá
