Quedan amplias dudas respecto a las funciones que cumple la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues conforme a las disposiciones legales corresponde a esta entidad salvaguardar los intereses de la ciudad y promocionar acciones de prevención del daño antijurídico.
En cabeza de la Secretaría General, conforme el decreto 654 de 2011 se creó el modelo de gerencia jurídica del Distrito, entendiéndolo como un sistema de gestión, orientación y control a la gestión jurídica de las entidades, de igual manera le encargó la misión de definir la política pública en relación con los asuntos normativos, los conceptos jurídicos y con la contratación pública.
Dicho lo anterior resulta preocupante verificar la falta de coordinación que en este tema, se observa en el Distrito -aun contando con una instancia como la Comisión Intersectorial de Apoyo a la Contratación- comisión con carácter permanente, creada mediante Decreto 291 de 2008, que tiene como objeto apoyar y orientar la gestión de las entidades, unificando criterios en cuanto a la aplicación de las normas y generando mecanismos para la generación concertada de acciones en materia de contratación.
Surgen entonces inquietudes con respecto al liderazgo e idoneidad jurídica de quien haya asistido al Alcalde como representante del sector de la Gestión Publica en tiempos sombríos, donde los actos jurídicos de los megaproyectos en mención se efectuaron. Un lapso de tiempo entre junio de 2013 y junio de 2014, que pasará a la historia como el año “renegrido” de la Bogotá Humana.
Por ello me pregunto ¿Dónde estaba la mirada vigilante de la Secretaría General durante la celebración de los cuestionados contratos?, ¿Cuáles eran los temas tratados en la comisión intersectorial de apoyo a la contratación en los periodos de tiempo en los que fueron celebrados tanto los contratos como las prórrogas?, ¿Dónde quedan las medidas transversales de lucha contra la corrupción y transparencia consagradas como metas del plan de desarrollo?
Las prórrogas y los contratos mencionados constituyen los puntos más álgidos y críticos que ha tenido que afrontar la alcaldía mayor en cabeza de Gustavo Petro, a costa de las falencias de coordinación en el marco del modelo de gestión jurídica pública, permitiendo que se materializaran actos calificados como “leoninos” por la misma Administración. No obstante las últimas declaraciones dejan entrever una actitud terca respecto a las presunciones de corrupción que permean dichos contratos y niegan la oportunidad de corregir el camino.
Pero más allá de los problemas que pueda afrontar el Alcalde Mayor por cuenta de las asesorías jurídicas mal encaminadas, queda en tela de juicio la confianza en las entidades distritales creadas para proteger los intereses económicos y jurídicos de la ciudad, pues aparentemente nuestros funcionarios han olvidado que cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.
Por eso hoy el llamado es a la nueva Secretaria General de la Alcaldía, a que asuma el liderazgo jurídico, como buena abogada que es, y no permita que en los meses restantes de la Bogotá Humana se incurra en tan nefastos errores que implicarían por incompetencia en su momento del funcionario de turno, serios perjuicios económicos para la ciudad.
