Llegada masiva de venezolanos se convierte en tragedia.

El Gobierno Nacional no puede seguir dejando solos a los gobiernos locales para enfrentar el impacto económico y social que está implicando la llegada masiva de venezolanos a las ciudades colombianas.

Estamos en mora de establecer desde la Nación y con la coordinación de las administraciones locales un plan de contingencia porque, como lo señalan las cifras, el 66 por ciento de los venezolanos que llegan se están quedando0 en el país. El año pasado, de 796.000 que llegaron,  520.000 se quedaron.

Es dramática la situación que enfrentan los venezolanos y entendemos que estén eligiendo a Colombia como una opción para buscar nuevas opciones de vida y que Bogotá sea una de ellas. Muchos profesionales de ese país se han vinculado a empresas en la capital y han colonizado puestos de trabajo en peluquerías y restaurantes, por ejemplo.

El principal problema que enfrentamos es la poca confiabilidad de las cifras. En Bogotá  estima que pueden haber llegado de manera legal unas 25.000 personas, pero la cifra podría pasar las 35.000 teniendo en cuenta quienes han ingresado ilegalmente.

Lo que es altamente alarmante es el hecho de que cada vez más venezolanos estén vinculados al delito, especialmente el atraco en buses y calles, y en eso las autoridades de la ciudad no pueden bajar la guardia. En el 2016, 241 personas de ese país fueron aprehendidas por hurto a personas y a establecimientos comerciales en la ciudad.

Recientemente el Fiscal General aseguró que una persona es capturada en promedio al día cometiendo un delito.

No es un secreto que los venezolanos también se han tomado los buses de servicio público, incluido TransMilenio para vender todo tipo de productos, imitando a los cientos de colombianos que en la capital hacen lo mismo.
La medida que acaba de adoptar el Gobierno Nacional para extender permisos de permanencia a quienes ingresen legalmente al país es positiva, en la medida en que nos permitirá saber realmente cuántas personas de Venezuela ingresan al país. Esa acción, acompañada de la decisión de deportar a quienes ingresen ilegalmente y especialmente a quienes cometen delitos es más que justa.

Pero hay otras situaciones que están empezando a causar impacto y el gobierno nacional no les puede dejar esa responsabilidad solo a los gobiernos locales.

Está el tema de la salud. Los niños necesitan vacunación, los adultos atención de médicos generales y especialistas, y todos esos recursos que se invierten salen del presupuesto.

Lucía Bastidas

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