No es un fenómeno nuevo. Investigaciones desde el 2013, como la realizada por la Corporación Arco Iris, mostraron que de esas estructuras delincuenciales hacían parte notarios, arquitectos y hasta funcionarios públicos.
Y sus principales víctimas son los desplazados y personas que viven en precarias condiciones y buscan vivienda. Allí encuentran el escenario ideal para venderles lotes sin servicios y en zonas de riesgo. Ese es el origen de los asentamientos ilegales, que de ninguna manera se deben permitir, porque lo primero es la vida.
Y las personas que están en zonas de riesgo deben ser reubicadas, quieran o no quieran, porque la ciudad no se puede permitir el lujo de tener a ninguna persona en esas condiciones de vulnerabilidad.
Pero el manejo del tema debe ser integral, porque de nada sirve que las personas sean trasladadas a zonas más seguras, si las mafias aprovechan que esos terrenos se desocupan y los vuelven a invadir y a vender a otras personas incautas.
Y repiten el círculo vicioso de la ilegalidad en la ciudad. Y va a llegar un momento en que la ciudad no va a poder atender a toda la población en condición de ilegalidad. En Bogotá, según cifras del programa ‘Bogotá, cómo vamos’, en la capital, el 48 por ciento de los hogares vive en casa arrendada.
Según esa encuesta, al 23 por ciento de las personas que no tienen vivienda les interesa comprar, pero no tiene plata; otro 7 por ciento tiene para la cuota inicial pero no para pagar las mensualidades después; 8 por ciento quiere adquirirla, pero no tiene subsidio. Aquí en estas franjas están las potenciales víctimas para los tierreros.
Por eso, insisto, debemos realizar un trabajo integral que pasa por reubicar a las personas en zonas de riesgo, como la primera obligación, y controlar que no se invadan predios públicos y zonas de riesgo, que sin duda debe ser una tarea permanente.
Pero cuando hablo de tratamiento integral también me refiero a que en este tipo de zonas es donde más se presentan problemas de conflictividad. Por eso se requiere que la comisión intersectorial que trabaja en el tema incluya a la secretaría de Seguridad, porque el trabajo de reubicación y mejora de los barrios debe incluir el trabajo social para mejorar la convivencia. De lo contrario, puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
