Ni más faltaba, que la respuesta ante las exigencias y movilizaciones de los educadores, para que el gobierno cumpla con los acuerdos pactados, sea la estigmatización de su trabajo y luchas. Por el contrario, antes de perseguir al magisterio colombiano, el Congreso de la Republica debe propiciar con todos los sectores democráticos un gran debate Nacional, en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, acerca de ¿cuáles son las apuestas del gobierno Duque en políticas educativas para garantizar el derecho a una educación de calidad? puntualizó Nieves Herrera.
Lo cierto es que las soluciones a los grandes problemas de la educación no pueden verse empañados por cortinas de humo que lanza el Uribismo, cada vez que los ciudadanos se movilizan a defender sus derechos, mientras que los problemas estructurales están sin resolver, la financiación de la educación pública a todo nivel por vía Transferencias, son cada vez menores los recursos que llegan a los municipios y departamentos para cubrir el gasto social, principalmente la educación, urge concretar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones que garantice los recursos necesarios para alcanzar una educación de excelencia.
Colombia tiene una deuda social con los niños y niñas y jóvenes al no haber implementado el preescolar de tres grados y la jornada única con todas las de la ley, estrategias fundamentales para avanzar en la calidad.
La dignificación de la profesión docente y el respecto de los derechos laborales, profesionales y prestacionales de los maestros es un imperativo nacional dada la gran importancia que ellos tienen en el quehacer pedagógico y la formación de los ciudadanos críticos y competentes que requiere nuestro país enfatizó el cabildante.
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