Desde este 20 de julio tenemos un “nuevo” Congreso de la República. Aunque de “nuevo” seguramente no va a tener mucho. Nuevas, más bien, serán las circunstancias en las que tendrá que actuar si logramos las firmas de acuerdos de paz con las guerrillas. Pero resulta arriesgado afirmar que estará a la altura de tamaña responsabilidad. Que sea el “Congreso para La Paz y el postconflicto” es todavía una hipótesis.
Dirán que el Gobierno Santos tiene una holgada mayoría para asegurar el trámite exitoso de una agenda legislativa en cumplimiento de los acuerdos de paz. Y formalmente tienen razón. Porque mientras la coalición de unidad nacional tiene cerca del 70% del Senado y un porcentaje similar en Cámara, la oposición de derecha e izquierda y la centroizquierda independiente representada por el Centro Democrático, el Polo y los Verdes respectivamente, cuenta con el 30% de los escaños. Pero me temo que esas mayorías no expedirán un cheque en blanco al Presidente en materia de paz y postconflicto. Más bien, por la fragilidad ideológica y su articulación en torno a intereses particulares, estas mismas mayorías establecerán retenes al Gobierno en temas cruciales para una reconciliación duradera.
Uno de esos retenes estará en la agenda rural. La redistribución democrática y la modernización en el uso de la tierra tendrán en la mentalidad terrateniente de nuestras élites políticas su principal obstáculo. Para nuestros políticos tradicionales la tierra es además de fuente de riqueza, un instrumento de estatus social y un mecanismo de reproducción política. Es lo que Fernando Guillén denomina “rasgo milenario del señorío” en su libro sobre el origen del poder político en Colombia. Otros autores como David Roll y Marco Palacios han podido documentar que el arraigo señorial con la tierra de nuestra clase política no conoce color político y opera como mentalidad. Quizás por ello, los intentos de reforma agraria enfrentaron a López Pumarejo y Lleras Restrepo con el Partido Conservador y con un sector del partido liberal. Esta vez, los acuerdos en materia de tierras derivados de los procesos de paz o las iniciativas del gobierno o de sectores progresistas que lleguen al Congreso encontrará además la presencia de estructuras parapolíticas defensoras de la contrarreforma agraria gestada por los paras en los ochenta y noventa y que según la Contraloría General significó el despojo de más de cuatro millones de hectáreas. Según La Silla Vacía 32 de los parapolíticos del Congreso elegido en el 2010, obtuvieron asiento en el 2014.
El otro retén está en la reforma política. Con razón Francisco Leal Buitrago caracterizó el régimen político como el del “clientelismo en sí mismo”. Demostró que las elites políticas tradicionales utilizan el clientelismo como instrumento para conservar el acceso ilimitado a los recursos públicos que a su vez garantiza la reproducción de sus redes políticas. Se ha documentado, además, que hechos como la masacre de Segovia (Antioquia) contra militantes de la UP fue motivada más por la pretensión de defensa de un feudo político regional que por razones contrainsurgentes. Ello reforzado por una cultura de estigmatización y una práctica reiterada de persecución violenta al opositor político, y por el rediseño permanente de las reglas de juego del sistema electoral que define las condiciones y mecanismos para el acceso al poder institucional y burocrático del Estado. Otorgar curules en el Congreso o en otras corporaciones públicas a las guerrillas que pacten La Paz puede contar con el respaldo de las actuales mayorías parlamentarias de la unidad nacional. Pero serán renuentes a emprender reformas que democraticen el régimen político, elimine el clientelismo o instituya un estatuto de la oposición.
Por su puesto que el Presidente Santos tendrá que derrotar la oposición de derecha a los procesos de negociación política del conflicto encabezada por Uribe. Pero también le corresponde poner contra las cuerdas sus propias mayorías parlamentarias, si es sincero en su oferta de paz. Expertos como Absalón Machado advierten que la reforma agraria no es exclusivamente un asunto legal. Cuestiones técnicas en manos del Ejecutivo como la actualización del catastro rural, la depuración de la Superintendencia de Notariado y Registro o la aplicación de mecanismos de restitución de tierras por la vía judicial y administrativa permitiría ir más allá del pírrico 1.7% de procesos de restitución al que llegó Santos en su primer cuatrienio.
En igual sentido el Marco Legal para La Paz le entrega al Presidente facultades constitucionales para ampliar el sistema político que faciliten el tránsito de las guerrillas a la lucha política institucional. Tiene en el referéndum de aprobación de los acuerdos de paz un instrumento para saltar estos retenes de la clase política tradicional enquistada en el nuevo Congreso. Y podría convertir el mecanismo de refrendación de los acuerdos en un mandato por La Paz que facilite en la sociedad colombiana, de verdad, una transición democrática hacia el postconflicto. Lo contrario sería el pago costoso de estos peajes que atentan contra una reconciliación estable y duradera.
Concejo de Bogotá
