Concejo de Bogotá
Marchas vandálicas
Los vandálicos y terroristas en Bogotá deben responder por todos los daños causados al mobiliario urbano, a residencias, bancos y al comercios de la ciudad. No puede ser que ahora se limiten a decir que fueron actos aislados o simplemente infiltrados sin rostro, sin nombre y sin domicilio.
Todos debemos condenar este tipo de actuaciones. Los sectores sociales tienen derecho a protestar, pero están obligados a garantizar que los ciudadanos de a pie no sean víctimas de sus protestas cada semana. Los derechos de todos valen, y son igual de válidos los derechos de quienes se manifiestan, y los de las personas que se movilizan en el transporte público.
La pregunta es si protestar legítimamente es negarles a miles de personas el derecho a la movilización, bloquear el transporte masivo como lo hacen en medio de las marchas es o no es un delito. Atentaron contra personas que salieron de sus trabajos y no pudieron movilizarse, sin poder cumplir citas médicas, llegar a sus casas o realizar sus propias urgencias diarias.
¿Quién va a responder por la cantidad de locales destruidos, por los buses y estaciones de TransMilenio, entidades financieras afectadas?
¿De verdad eso es protesta? ¿Y de verdad esperan que los ciudadanos respalden ese tipo de actuaciones cuando les negaron el derecho de llegar a tiempo a sus hogares por más de cuatro horas?
Lo más grave: los organizadores de las marchas justifiquen la presencia de encapuchados.
Todos debemos condenar estos actos vandálicos y terroristas, porque mañana puede ser tarde cuando producto de estas actuaciones tengamos que lamentar la pérdida de una vida.
