El debate propuesto hoy por mi colega Diego Devia, debe estar siempre presente en la mente de todos nosotros como ciudadanos y concejales, el seguimiento efectivo a la política pública de discapacidad y el sistema distrital de discapacidad es fundamental, pues nuestro apoyo a este grupo poblacional es definitivo, pues hoy vemos que la gente con movilidad reducida o disminuciones de tipo sensorial o mental por presentar tal condición, aún tienen dificultades para participar de una forma libre en las actividades ordinarias de la sociedad, aún hoy con todo el avance que en materia legal se ha dado sobre la gente que presenta algún tipo de discapacidad, vemos con preocupación que sufren una constante discriminación y exclusión social, esto a consecuencia de la ignorancia, prejuicios, negligencia que genera e impide el no poder comprender a este grupo social.
En Bogotá, al 2015, se identificaron 238.974 personas en condición de discapacidad, ubicadas especialmente en localidades como Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, San Cristóbal y Engativá cuya composición poblacional es mayoritariamente de sectores populares.
De estas personas identificadas, el 56% son personas en condición de vejez y el 31,3 % son adultos mayores; la mayoría son mujeres con el 57,3%, lo que sumado a su condición de discapacidad hace altamente vulnerable a esta población.
La Bogotá Mejor Para Todos propuesta por el actual gobierno, debe seguir encaminando esfuerzos, para que las personas con movilidad reducida o disminuciones sensoriales o mentales tengan derecho a la igualdad, el respeto por su integridad moral, psíquica y física para tener un verdadero disfrute de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y real disfrute de un bienestar, por ejemplo, teniendo acceso a una educación de calidad, bajo condiciones especiales; a participar en programas culturales, deportivos y de recreación, acordes con sus condiciones especiales.
La capital colombiana está obligada, sin importar la administración de turno que sea, a acatar la constitución, esto en el sentido de propender por una activa integración social de estas personas, pues de acuerdo a nuestra carta de derechos, la igualdad de las personas debe ser real y efectiva.
Le recuerdo a la administración, que los niños con discapacidad, son objeto de una protección constitucional especial. Por mandato expreso los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, por lo que la familia, la sociedad y el Estado, tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral, esta protección se torna reforzada cuando se trata de niños en situación de discapacidad.
La discapacidad no está en la persona, sino que resulta de la carencia de los apoyos que el ambiente le brinde para poder realizar las actividades que pueden estar restringidas por su condición especial.
La persona tiene, como lo contempla la nueva Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, capacidad de obrar y éste es uno de los aportes más transcendentales de este tratado internacional. Esto implica que la persona como tal es sujeto de derechos, de dignidad y de identidad y ser sujetos de derechos significa que se tienen unas garantías a priori para el desarrollo integral.
En el Plan de Desarrollo, Bogotá Mejor Para Todos, los programas Integración social para una ciudad de oportunidades, señala en que la ciudad debe velar porque la infraestructura social que presta servicios a la población con discapacidad brinde condiciones dignas para su adecuada atención y el goce de sus derechos lo que implica la realización de intervenciones arquitectónicas a los centros existentes bajo los criterios de acceso universal y ajuste razonable.
Vuelvo y reitero tenemos que mirar constantemente hacia esta población, hasta el día en que podamos hablar de una igualdad real para los discapacitados en Bogota.
