Y es que precisamente en Bogotá este problema lo vemos diariamente, razón por la cual las personas acuden a vehículos como bicitaxis, motos o carros compartidos, promoviendo una creciente informalidad en el transporte. Y aunque la administración le intenta salir paso a esta situación con la implementación de un sistema de bicicletas públicas, aún están en mora de ponerlo en marcha.
Es por esto que, desde mediados del 2018, comenzaron a operar empresas privadas que alquilan vehículos de movilidad personal VMP (patinetas, monopatines, ruedas y plataformas, entre otros), así como bicicletas eléctricas que abrieron nuevas posibilidades de transporte a los capitalinos.
Ante el panorama anterior, decidimos radicar un Proyecto de Acuerdo que dicta lineamientos para el servicio de alquiler de bicicletas no ancladas (o de cuarta generación) y VMP, con el fin de abrirle la puerta a las nuevas formas de movilidad alternativa y establecer las reglas mínimas para su operación.
Las bicicletas no ancladas, que cuentan con un seguro integrado y GPS, se encuentran a punto de llegar a Bogotá, y hay que aprovechar esta coyuntura para que los operadores se comprometan a estimular el parqueo organizado, promover la equidad en el acceso –localización y formas de pago-, crear responsabilidad frente a la capacitación de los usuarios para su conducción y promover buenos hábitos de seguridad vial.
A su vez, el proyecto busca garantizar el buen uso del espacio público, la prevención de los accidentes de tránsito por falta de pedagogía y del desconocimiento de las normas de tránsito.
Ahora, es labor de la Secretaría Distrital de Movilidad y las entidades administradoras del espacio público en la ciudad evaluar los impactos de estos servicios y crear compromisos entre los distintos actores viales (peatones, vehículos ligeros y bicicletas) para integrar estas modalidades al sistema de transporte público de la ciudad.
