El lucrativo negocio de las basuras en Bogotá estaba controlado por un pequeño grupo de empresarios que vieron afectados sus intereses con la decisión del Distrito de transitar del modelo de competencia privada hacia el modelo de gestión pública en el servicio de aseo. El objetivo principal fue hacer viable la inclusión de los recicladores en el sistema de recolección de basuras como lo obliga un fallo de la Corte Constitucional. La Procuraduría y la Superintendencia sancionaron al alcalde Gustavo Petro por contravenir normas administrativas que protegen el interés de los privados por encima en este caso de los intereses públicos. Sin embargo, previamente habría sido reconocida la legalidad del modelo de aseo público de Bogotá por los organismos de justicia.
A propósito de la reciente decisión, el cabildante manifestó, "No es competencia desleal la que pueden imponer las organizaciones sociales de recicladores ni el Distrito. Son los monopolios y sus aliados en las instituciones los verdaderos promotores de la competencia desleal en el lucrativo negocio de las basuras. Por décadas se han opuesto a la presencia de otros en su negocio de transportar basura a los insostenibles botaderos. Estos negociantes quieren evitar que los recicladores demuestren que pueden tratar adecuadamente los residuos sólidos y reducir las basuras que antes se llevaban sin separar hasta el botadero para cobrarle a los usuarios por cada tonelada. Estos viejos monopolios ahora pretenden desmontar el nuevo modelo de recolección de basuras para retomar sus ganancias superiores a 500 mil millones de pesos al año sacando del negocio a los recicladores y explotando el trabajo de miles de escobitas. Mantener un esquema de recolección, barrido y limpieza altamente contaminante, superado en las ciudades del mundo que piensan en su futuro, es alimentar una bomba de tiempo para la salud de todos los seres vivos que habitamos en Bogota." señaló el Concejal Roberto Sáenz.
